Son cinco operaciones concretas que examinarán con lupa los peritos del Banco de España a petición del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, encargado del caso. En el punto de mira se encuentran las operaciones de CCM con Luis Portillo, Luis Delso, la familia Fermoselle, Domingo Díaz de Mera y los hermanos Barco. En total, se investigarán 402 millones de euros, según ha publicado este fin de semana El Confidencial.
No es la primera vez que se investigan los créditos que CCM, bajo la presidencia de Juan Pedro Hernández Moltó, concedió a varias familias empresarias, aunque ahora las investigaciones se centrarán en cinco casos concretos. El magistrado de la Audiencia nacional, Pablo Ruz, encargado del caso, ha ordenado al Banco de España un informe pericial que investigue a fondo cinco operaciones concretas a fin de determinar el daño que se le ocasionó a la Caja, si alguien salió beneficiado de las operaciones y si los administrativos que las ejecutaron llevaron a cabo procedimientos que incumplen las normativas bancarias, según publica Carlos Otto en El Confidencial el pasado fin de semana.
Las operaciones son: la concesión de dos préstamos por valor de 65 millones de euros a Luis Portillo (de la insolvente Colonial), una inversión en T-Solar (Luis Delso) de otros 65 millones, la compra de dos sociedades de la familia Fermoselle por valor de 61 millones, varios créditos concedidos a Domingo Díaz de Mera y los hermanos Barco que estaban garantizados con unos terrenos valorados en 65 millones, y otros préstamos concedidos al grupo Lábaro (controlado por los Barco y Díaz de Mera) por valor de 146 millones. En total, 402 millones de euros que serán investigados por los peritos del Banco de España.
En cuanto a Juan Pedro Hernández Moltó, que ya fue inhabilitado por cinco años y vetado para ocupar cargos públicos por su gestión en CCM, el juez Ruz investiga ahora las posibles responsabilidades tanto de Moltó como de Ildefonso Ortega, ex director general de CCM, que permanecen imputados por administración fraudulenta, falsedad contable y estafa.
En cuanto a la imputación tanto a Moltó como a Ortega sobre la posibilidad de que pudiesen haber aumentado su patrimonio de forma ilícita durante sus mandatos al frente de la Caja, en El Confidencial también se apunta que la Fiscalía emitió un informe hace un mes en el que se aseguraba que «después de la investigación efectuada por la Guardia Civil y con los datos disponibles, no se han detectado indicios de patrimonio oculto respecto de ninguno de los dos imputados».