Agustín Yanel
Un juez ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue si Pablo Iglesias ha cometido unos delitos -al estar aforado por su cargo, el juez no puede citarle a declarar- y eso ha provocado un aluvión de reacciones, algunas meteduras de pata y mucha exageración: de dirigentes del PP, por salir en tromba a pedir la dimisión del vicepresidente segundo del Gobierno cuando ni siquiera se sabe aún si será imputado; del propio Iglesias y Podemos, por atreverse a asegurar que este asunto será archivado, como si pudieran leer la mente de los magistrados que lo estudiarán.
El miércoles 7 de octubre, en cuanto saltó la noticia de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se había dirigido al Tribunal Supremo con esa petición, los periodistas preguntaron a los políticos y estos no tuvieron inconveniente en opinar, sin esperar a conocer los detalles. El escrito en el que el magistrado justifica su solicitud tiene 63 folios, que ningún político había leído al ser preguntado, pero ninguno respondió algo que hubiera sido tan lógico como, por ejemplo, «antes de opinar tengo que leer los argumentos del juez». No, porque para eso deberían tener una prudencia que, en casos como éste, han demostrado no tener, salvo excepciones.
Pablo Casado pidió que Pedro Sánchez destituya «de inmediato» a Iglesias, sin esperar siquiera a que el Tribunal Supremo se pronuncie. Y llegó a decir que, si no lo hace, «será cómplice de los delitos». Ahí queda eso. ¿Acaso aprendió este disparate jurídico en el polémico máster que le dio la Universidad Rey Juan Carlos en un tiempo récord y sin ir a clase ni examinarse, según dijo él mismo?
Cuando afecta a Casado, una anécdota; cuando afecta a Iglesias, motivo de dimisión
En el año 2018, una juez pidió al Tribunal Supremo que investigara si Casado había cometido algún delito para obtener el título de ese máster sin cumplir los requisitos exigidos para ello. En su partido dijeron entonces que eso era «una anécdota» y sería archivado, como efectivamente ocurrió. Con Iglesias se ha producido la misma situación, pero ahora no es una anécdota sino motivo para pedir su dimisión. ¿Y si los magistrados estudian el caso, no ven indicios de delito, no piden al Congreso el necesario suplicatorio (autorización) para investigar al vicepresidente segundo y lo archivan, igual que hicieron con el líder del PP? ¿Dirán que estaban equivocados o pedirán disculpas?
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido la dimisión de Iglesias con el argumento de que el Código Ético de Podemos establece que cualquier cargo público de ese partido se compromete a dimitir «en el caso de ser imputado, procesado o condenado». Pero si hubiera sido más prudente y no hubiera contestado hasta enterarse bien, habría sabido que ese Código Ético fue modificado en 2018 y ahora se exige la dimisión solo cuando alguien es «procesado o condenado»; ya no figura la palabra «imputado».
El Código Ético de Podemos exige la renuncia de sus cargos públicos en el caso de que sean procesados o condenados por delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencias machistas, pederastia, maltrato infantil y también por delitos contra los derechos de los trabajadores, los ecológicos y los urbanísticos. El juez ha pedido al Tribunal Supremo que investigue si Iglesias ha incurrido en los delitos de daños informáticos, revelación de secretos con la agravante de género y denuncia falsa, que no tienen nada que ver con los que en Podemos obligan a dimitir del cargo.
Además de las muchas declaraciones de dirigentes del PP, este partido se equivocó al difundir un vídeo por las redes sociales para exigir la dimisión. En esa grabación, durante un debate electoral en Antena 3, el periodista Vicente Vallés pregunta a Pablo Iglesias: «¿En qué circunstancias usted asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido?» La respuesta fue ésta: «Apertura de juicio oral, dimisión». Cuando en el PP se percataron de su metedura de pata -porque difundieron ese vídeo para acusar a Iglesias, pero en realidad le estaban defendiendo porque demostraba coherencia con el Código Ético de Podemos-, lo borraron de sus redes sociales. Otra vez la precipitación les llevó a equivocarse.
Pablo Iglesias vaticina que no le van a imputar
Pero la necesaria prudencia tampoco se ha visto en las filas de Podemos. Pablo Iglesias ha asegurado que no concibe «ni como mera hipótesis» que vaya a ser imputado, porque en España «todavía no han condenado ni imputado a nadie solamente por sus ideas». Para que quede claro: el juez ha pedido que se investigue si el líder de Podemos ha cometido los tres delitos citados en el caso del robo del teléfono móvil de Dina Bousselham en 2015, cuando era su colaboradora en el Parlamento Europeo; no ha pedido que se investiguen sus ideas.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha calificado de «disparate jurídico» la petición del juez y ha dicho que sería «un escándalo» que el Tribunal Supremo decidiera imputar a Pablo Iglesias para investigarle. En Ciudadanos se han limitado a pedir que Pablo Iglesias comparezca en el Congreso para dar explicaciones de este asunto, y solo pedirán su dimisión si finalmente es imputado.
Parece que, en la pelea política, hay quien aplica esta consigna: «Si lo que decide un juez me gusta y me beneficia, hay que aplaudirle; si no me gusta y puede perjudicarme, hay que desprestigiarle». Los jueces pueden ser criticados por sus decisiones, claro que sí; pero los políticos deben dejarles que desempeñen su trabajo sin presionarles ni atacarles por su ideología. Y, sobre todo, deberían ser más prudentes al opinar sobre escritos judiciales complejos, pero ya se sabe que en este país todo el mundo se convierte en árbitro de fútbol cuando está viendo un partido y no le gusta lo que hace el árbitro titular. En fin…
Con independencia de todas esas opiniones, hay algo claro: si el Tribunal Supremo llega a solicitar el suplicatorio, el Congreso lo concede y Pablo Iglesias es investigado, Pedro Sánchez se encontraría ante un serio problema en el Gobierno, aunque el vicepresidente segundo no dimitiera porque el Código Ético de su partido no le obliga a hacerlo.