Como era previsible, el Gobierno ha vuelto a utilizar como auténtico rodillo parlamentario la mayoría absoluta que tiene el PP en el Congreso de los Diputados y ha rechazado las 11 enmiendas que habían presentado todos los partidos de la oposición contra la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013.
El Ejecutivo ha decidido seguir adelante con la tramitación de estas cuentas públicas, pese al rechazo generalizado que han provocado en toda la oposición, que exigía que las retirara y presentara otras más acordes con la situación económica actual.
Mal empieza la tramitación de los Presupuestos cuando solamente los diputados «populares» han apoyado con sus votos al Gobierno, frente al rechazo unánime de todos los demás, tanto nacionalistas como de izquierdas, de derechas o de centro.
Incluso el único diputado de Foro Asturias -el partido que fundó Francisco Álvarez-Cascos y, por tanto, de la misma ideología que el PP- se ha negado a apoyarlos porque los ve equivocados, y ha optado por abstenerse.
SORPRENDENTE LLAMADA AL DIÁLOGO DE MONTORO
Nadie esperaba que el Gobierno diese marcha atrás en el primer paso de la tramitación de las cuentas públicas del Estado en las Cortes, como tampoco lo dio el PSOE cuando tuvo mayoría, sólo o con la ayuda de algún socio.
Lo más sorprendente, quizá, es que el ministro Cristóbal Montoro, el encargado de presentar y defender en el Congreso los Presupuestos del año próximo, ha hecho un llamamiento al diálogo a los demás partidos. Suena a poco sincero y a nada creíble, porque el Gobierno de Mariano Rajoy no ha llamado no ya a todos los grupos del Congreso sino al menos al principal de la oposición, el PSOE, para hablar, antes de presentarlo, de un proyecto de PGE que no se cree nadie… salvo el Gobierno y su partido, el PP.
También sorprende que el ministro de Hacienda se haya atrevido a decir que éstos son los presupuestos «más sociales de la democracia» cuando, aunque en ellos se dedique más del 50 por 100 a gastos sociales, establecen una serie de recortes y rebajas como jamás se han visto en las cuentas públicas, lo que sin duda redundará en que los servicios sociales de los que presume el ministro serán peores.
Para que unos presupuestos sean «sociales» tienen que contribuir a la creación de empleo, y todo el mundo -excepto el Gobierno y el PP, hay que repetirlo- coincide en que éstos no van a servir para ese objetivo, que debería ser el prioritario.
Si el Gobierno y el PP fueran sinceros en su propuesta de diálogo, deberían estar dispuestos a aceptar muchas de las enmiendas parciales que van a presentar todos los grupos parlamentarios con la intención de mejorar unos presupuestos que no convencen a nadie.
Porque no solamente son los partidos de la oposición los que rechazan estas cuentas públicas: expertos españoles y extranjeros, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España y otros organismos de aquí y de fuera dicen que el Gobierno ha elaborado los PGE con unas previsiones de crecimiento económico que no se van a cumplir.
Es decir, que no son válidos porque, como han dicho desde todos los partidos de la oposición, son «irreales», «falsos» e «increíbles».
LA OBSESIÓN DE RAJOY POR REDUCIR EL DÉFICIT
Pero en la oposición no se creen que esa propuesta de diálogo sea sincera. Sospechan que Rajoy va a seguir erre que erre con su propuesta, sólo va a aceptar algunas enmiendas de escasa consideración y sacará adelante en diciembre los Presupuestos Generales del Estado gracias a su mayoría absoluta, porque está obsesionado con reducir el déficit público hasta el nivel que nos impone la Unión Europea, cueste lo que cueste a la ciudadanía. Reducir el déficit es importante, pero no a cualquier precio.
Ese empecinamiento del Gobierno es un serio error, en opinión de muchos. Y si Mariano Rajoy cae en la tentación de pensar que el triunfo del PP en Galicia demuestra que la ciudadanía «aprueba» su política de recortes y más recortes, se equivocará.
Que el electorado gallego haya apoyado al «popular» Alberto Núñez Feijóo puede interpretarse de muchas maneras, pero nunca como que dan un cheque en blanco al presidente del Gobierno para que siga recortando.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
El 18 de octubre, último de los tres días de la huelga que han convocado los estudiantes de Enseñanza Secundaria y, por vez primera, también las asociaciones de padres y madres, María Dolores de Cospedal visitó un nuevo colegio privado concertado de Ocaña, junto con el arzobispo de Toledo.
Ese mismo día, miles de estudiantes, profesores, padres y otros ciudadanos se manifestaron en distintas ciudades castellano manchegas y de toda España para protestar contra los recortes en Educación.
Si la presidenta de Castilla-La Mancha no cayó en la cuenta de que era poco oportuna esa visita a un colegio de tales características en ese día, ¿ninguno de sus asesores se percató de ello y la aconsejó suspender el acto? ¿O quizá ella quiso demostrar que el PP prefiere la enseñanza privada a la pública?