El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado hoy que «por primera vez» se vaya a tener en cuenta el coste efectivo de los servicios públicos en la reforma de la financiación y ha apostado por evitar que se produzca en España ‘dumping’ fiscal.
En rueda de prensa para analizar los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Presidentes, García-Page ha valorado el diálogo iniciado hoy y el acuerdo logrado para «abrir varias puertas», entre ellas, avanzar hacia un nuevo modelo de financiación en 2017.
«Hemos conseguido que, por primer vez, la valoración de la sanidad, la educación y los servicios sociales se vaya a hacer sobre el coste efectivo, tiene una importancia trascendental, tendremos que partir de la base de lo que cuestan los servicios públicos prestados de manera igualitaria en el conjunto del territorio», ha explicado.
Ha apostado por que «en la balanza del análisis» vayan a «computar también qué impuestos y cómo» se tienen que cobrar y que «no se produzca en España ‘dumping’ fiscal».
En este sentido, ha admitido que «todas las comunidades hacen bien en defender intereses particulares», pero ha advertido de que los pilares que han puesto hoy sobre la mesa «son los correctos, los razonables».
Su intención es que todas las comunidades autónomas tengan «el mismo acceso en tiempos y distancias» a la educación, la sanidad y los servicios públicos.
Como ejemplo, ha señalado que Fuenlabrada (Madrid) solo necesita cinco centros de salud para la Atención Primaria, mientras que la provincia de Cuenca, con la misma población, requiere de 35 centros.
García-Page también ha celebrado el acuerdo de que no vaya a haber nuevo sistema de financiación si no hay «un muy alto consenso entre todos», lo que ha destacado que es «una forma de descartar las bilateralidades».
Por otra parte, ha valorado el consenso que existe entre las comunidades para que las ofertas de empleo público se convoquen por encima de la tasa de reposición y ha apuntado que por parte del Gobierno central había «un déficit de información» sobre este asunto.
Además, ha desvelado que se ha emplazado a mantener reuniones bilaterales con el presidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, para hablar sobre su propuesta de avanzar en un pacto nacional por el agua.
«Me alegra que el presidente de Murcia haya planteado una obviedad que vengo defendiendo hace tiempo, que en España conviene un pacto del agua, que no lo hay. Se necesita un auténtico pacto del agua porque lo que se ha vendido no era un pacto, era una rendición», ha aseverado el presidente regional.
En este sentido, ha apostado por «poder hablar de todo el agua, incluso del que no tiene que ver con los ríos, el del mar, que no se agota».
García-Page también se ha referido a las ausencias de Cataluña y País Vasco y, en este sentido, ha opinado que «es un derecho estar y no estar», pero cree que «desde el punto de vista democrático es una obligación estar».
«Nos hubiera gustado que hoy hubiera habido un pleno en asistencia», ha afirmado el presidente del Ejecutivo autonómico, quien también ha valorado que se haya acordado que la reunión sea «al menos» anual y que se vaya a optar por que «haya más reuniones» al año.
RAJOY Y LAS CCAA PACTAN UNA NUEVA FINANCIACIÓN YA
El Gobierno y las comunidades han sellado hoy en la VI Conferencia de Presidentes una decena de pactos, uno para negociar ya un nuevo sistema de financiación, aunque ha habido muchas fricciones a cuenta de la armonización fiscal y quejas de las autonomías socialistas por lo que consideran «dumping» de Madrid.
No ha sido tan plácida como se esperaba esta edición de la cumbre autonómica -que ahora se ha reglamentado para que haya una al año-, la segunda con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, a la que se llegaba con diez acuerdos prácticamente cerrados sobre la mesa.
Unos acuerdos que han quedado un poco eclipsados por los recelos de varias comunidades -y no sólo socialistas- por las diferencias en el modelo fiscal entre territorios, con Madrid en el foco de la polémica, ya que algunas autonomías la acusan casi de hacer «dumping», es decir, competencia desleal, con su menor presión fiscal sobre los contribuyentes.
Y es que el alto grado de consenso en temas como Europa, la educación, la violencia machista o el reto demográfico no ha evitado los roces en éste, que se ha erigido como el más peliagudo de la Conferencia y que amenaza con convertirse en uno de los principales escollos a superar en la futura negociación de la financiación autonómica.
Desde primera hora de la mañana, un tuit del PP de Madrid se había encargado de caldear el gélido ambiente casi polar con el que se han encontrado en Madrid Rajoy, el Rey, los presidentes autonómicos -todos excepto Cataluña y País Vasco- y los de Ceuta y Melilla.
En la cuenta del PP madrileño se ha colgado una imagen de la foto de familia en la que han posado todos los asistentes, en la que se veía a la presidenta andaluza, Susana Díaz, con semblante serio, y a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, sonriente detrás de ella. «Cuando disfrutas de tu trabajo y cuando no», decía el pie de foto, lo que ha provocado el malestar en la delegación andaluza.
Ha sido precisamente Susana Díaz la primera en reclamar que en el nuevo modelo de financiación se ponga «un tope máximo y un tope mínimo» en impuestos cedidos a las autonomías, como el de Patrimonio y el de Sucesiones, propuesta a la que se han ido sumando otros «barones» socialistas» como Javier Fernández o Guillermo Fernández Vara.
Y otro que también ha «regañado» a Cifuentes ha sido el cántabro Miguel Ángel Revilla, aunque, según ha contado luego él mismo, han acabado el encuentro en buenos términos.
Incluso a presidentes de comunidades gobernadas por el PP como el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, o Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no les disgustan los topes impositivos, pero entre las filas socialistas hay quien no los ve con tan buenos ojos, como la balear, Francina Armengol, una de las pocas aliadas de Cifuentes en este asunto, junto con el murciano, Pedro Antonio Sánchez.
Cifuentes ha defendido a capa y espada las bondades del modelo madrileño y ha considerado que la armonización fiscal sería un «retroceso» para la economía de la región.
Sea como sea, las quejas no han caído en saco roto y al menos se ha pactado evaluar la gestión de los tributos cedidos para favorecer la armonización fiscal. Otra cosa será si eso influye o no en el modelo que se decida.
El acuerdo sobre financiación autonómica ha llevado su tiempo y lo que se ha cerrado es que el nuevo sistema esté listo antes de que acabe 2017. Para ello, en un mes se constituirá una comisión con representantes de cada comunidad.
Se tendrá además en cuenta el coste efectivo de los servicios públicos y no sólo la población y, en este último caso, se valorará el envejecimiento, la dispersión o la ruralidad del territorio.
Además, las autonomías socialistas han avisado de que no admitirán ni el principio de ordinalidad ni pactos bilaterales con nadie, en un claro aviso a navegantes para comunidades como Cataluña, cuyo presidente, Carles Puigdemont, no ha acudido a esta reunión, como tampoco lo ha hecho el lehendakari, Íñigo Urkullu.
En la rueda de prensa del final de la reunión, Rajoy ha señalado que en el debate de financiación no caben imposiciones ni mayorías de unos y otros, sino que se requiere un acuerdo con las comunidades y también en el Parlamento.
Ante ese horizonte, ha pedido a los presidentes autonómicos que hagan «un esfuerzo de entendimiento», y ha garantizado que también lo hará el Gobierno central, al tiempo que ha dejado claro que habrá un nuevo modelo aunque Cataluña no participe en su negociación.
Dentro de la reunión, a puerta cerrada, ha advertido a los presidentes autonómicos de que los niveles de recaudación actuales no son los de antes de la crisis y, de hecho, hay 20.000 millones de euros menos que entonces.
Al margen de la financiación ha habido más acuerdos, algunos de calado político, como el relativo a la unidad de mercado, justo en medio del órdago independentista catalán.
El estudio sobre la ley de dependencia y una pieza separada de sanidad en la financiación son otros de los pactos rubricados, que incluyen asimismo la posibilidad de que cada autonomía negocie con Hacienda poder convocar una oferta pública de empleo en educación, sanidad y servicios sociales por encima de la tasa de reposición.