«Aïcha llegó a España en 2010 procedente de Marruecos. Le diagnosticaron diabetes, considerada una enfermedad crónica. Cada mes tenía controles médicos, hasta que en noviembre de 2012 no pudo renovar su tarjeta sanitaria. Desde entonces no ha tenido seguimiento, solo compra medicamentos cuando sus hijos, que actualmente están en paro, pueden comprarlos. Y su hijo Mustafá dice: Me han dicho que si vamos a Toledo, nos van a cobrar. Y no tenemos dinero para pagarlo».
El caso de Aïcha es uno de los que ha denunciado esta mañana, en Madrid, Amnistía Internacional (AI). Cuyos miembros han realizado un repaso sobre cuál es el mapa en España, en estos momentos, como resultado de la reforma que hizo el Gobierno de retirar la tarteja sanitaria a los «sin papeles».
AI afirma que «no existen datos del número de personas que se han quedado sin tarjeta sanitaria en Castilla-La Mancha. Aquí, a diferencia de otras comunidades autónomas, no se ha desarrollado ningún tipo de programa para la atención sanitaria más allá de lo previsto por el Real Decreto Ley, ni siquiera para personas con bajos recursos, tampoco para enfermedades infectocontagiosas».
Un Real Decreto Ley que garantiza la asistencia sanitaria en urgencias hasta el alta médica, «sin embargo las personas migrantes en situación administrativa irregular dejan de tener atención una vez que son dadas de alta en Urgencias, ya que no se las dará cita ni con especialistas ni en Atención Primaria para seguir su patología».
Y recalcan que «el anuncio del Gobierno, en concreto del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, de que las personas migrantes en situación irregular volverán a tener acceso a la Atención Primaria es algo que AI valora como un paso en la buena dirección. Sin embargo, no concreta ninguna reforma legislativa que garantice el acceso a la salud para todas las personas sin discriminación».
Por lo que muestran su preocupación porque este anuncio «se haga para despejar las Urgencias y no porque el acceso a la salud sea considerado un derecho humano. Detrás de esto se esconde el argumento de que las personas inmigrantes realizan un uso excesivo de las Urgencias. Una acusación sobre la cual el Gobierno no ha presentado ninguna evidencia, y que ha sido rebatida por numerosos informes técnicos, tal y como ha afirmado Esteban Beltrán, director de AI España.
Han pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha, y a la Comunidad Valenciana, «que adopten las medidas necesarias para garantizar el acceso y disfrute del derecho a la salud, sin discriminación y con independencia de la situación administrativa; realice las evaluaciones de impacto en derechos humanos de la reforma desde una perspectiva de género y adopte medidas inmediatas para mitigar al máximo el efecto disuasorio del Real Decreto Ley en el acceso de las personas migrantes a la atención sanitaria; y que informe debidamente al personal sanitario, ataje los incumplimientos del Real Decreto que se puedan dar y elimine las irregularidades administrativas que podrían acarrear una mayor exclusión de la asistencia sanitaria».