El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy solicitar la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para reclamar la revisión de la financiación del sistema de dependencia, al considerar que la región ha dejado de percibir 353 millones de euros del Estado desde 2012.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno y ha explicado que, desde 2012 a 2016, la estimación que hace la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es que la región ha dejado de percibir 353 millones de euros para la dependencia.
Sánchez ha indicado que la financiación por parte del Estado en 2011 era de en torno al 30 por 100, en 2012 bajó al 20 por 100, y en 2015 y la estimación para el 2016 es que se va a quedar en el 17 por 100.
Para «hacerse una idea de los recortes», ha dicho la consejera, en 2010 Castilla-La Mancha recibió 94,5 millones de euros del Estado, en 2011 esa cantidad bajó a 82,5 millones, y en 2012 hubo una disminución «significativa» hasta los 66,2 millones, es decir, ese año la región dejó de percibir 16,3 millones de euros en relación con el año 2012.
Esta situación, ha avisado, contraviene la Ley de Dependencia de 2006 que dice que la financiación de la comunidad autónoma debe equipararse a la del Gobierno de España.
Sin embargo, de cada 100 euros que gasta Castilla-La Mancha en dependencia, 63 los asume el Gobierno regional, 19 los usuarios y 18 el Gobierno de España; y en el resto de comunidades autónomas los porcentajes son parecidos.
En Castilla-La Mancha hay 62.000 personas con derecho reconocido a una prestación del sistema de dependencia, y de ellas, 40.548 son beneficiarias de prestación y disfrutan de 50.780 prestaciones.
Y la posibilidad de que las comunidades autónomas aumenten la financiación para el sistema de dependencia, según la consejera, es difícil, por la falta de aportación del Estado y por la obligación de cumplir el objetivo de déficit público.
Sánchez ha afirmado que el recorte acumulado del Gobierno de España tras el Real Decreto Ley de 2012 asciende en el conjunto del país a más de 2.865 millones de euros.
En España hay cerca de 1,2 millones de dependientes, y según los datos oficiales, uno de cada tres no recibe ninguna prestación del sistema público, de hecho, Sánchez ha indicado que el propio Observatorio de la Dependencia ha apuntado que la pasada legislatura fue «devastadora» para las personas dependientes.
Ha recordado que al aprobarse el Real Decreto Ley de 2012 se suprimió el nivel acordado de financiación a las comunidades autónomas y el nivel mínimo se redujo en un 14 por 100, asimismo, en ese desarrollo normativo se suprimió la subvención a las cotizaciones de la Seguridad Social de los cuidadores de personas dependientes, otro cambio que causó gran perjuicio, según la consejera.
Por tanto, ha asegurado que la reclamación de esa «deuda histórica» es un «petición de justicia social por defender los derechos de las personas dependientes y sus familias».
La consejera castellanomanchega ha manifestado que otras comunidades autónomas también van a hacer esta petición al Senado y ha añadido que el sistema de dependencia, además de ser un derecho de las personas, crea riqueza y empleo puesto que cada millón de euros que se destina a ese fin da lugar a 35 empleos.