Cerca de tres decenas de personas convocadas por la Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Cuenca y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) han pedido al presidente de Enresa, Juan José Zaballa, el fin del «derroche» de dinero público y más trasparencia. Durante la manifestación protagonizada en Madrid a las puertas de su sede, también han solicitado que Zaballa comparezca ante el Congreso de los Diputados y de cuenta de su gestión. A esta convocatoria se han sumado otras organizaciones antinucleares como la Plataforma por un nuevo Modelo Energético, Foro Extremeño Antinuclear, Ecologistas en Acción y miembros de los partidos Equo y Partido Castellano.
Los convocantes denuncian que la empresa pública sigue adjudicando contratos relacionados con el ATC de forma urgente -«las seis últimas adjudicaciones no se licitaron por procedimiento abierto»- y que prevé incorporar a 40 nuevos empleados destinados a trabajar en el silo nuclear, «a pesar de que el proyecto está paralizado por una ley autonómica desde julio de 2015 y sin ninguno de los cuatro permisos pertinentes, ni planeamiento urbanístico».
Para los manifestantes, el gobierno en funciones de Rajoy está acelerando las adjudicaciones con escasas garantías y de forma opaca, en un intento de blindar el proyecto y dificultar su paralización definitiva, o en todo caso gastar grandes sumas de dinero público en indemnizaciones. Para los convocantes no cabe duda de que Zaballa sigue las directrices del gobierno de Rajoy, «paralizado en muchas de sus funciones pero desbocado en la defensa del sector nuclear».
Informan de que de las seis últimas adjudicaciones, cinco se licitaron por el procedimiento abreviado, si bien, al menos dos de ellas se adjudicaron el mismo día en el que se publicitó la licitación, y otra fue anulada después de su adjudicación. La sexta (la de mayor importe) se adjudicó mediante procedimiento negociado sin publicidad siendo adjudicada «a dedo» por un importe de 347.027 Euros. Se trata de la ampliación de los trabajos de caracterización en los terrenos del ATC en cumplimiento de la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) que emitió el CSN en julio de 2015 al informar a favor de los la ubicación del ATC en Villar de Cañas.
El resto de contratos (de mucha menos cuantía) son diversos estudios y consultoría, explotación de la red de control piezométrico y el suministro de bombas de muestreo. Los importes van desde los 18.000 a los 49.761 Euros.
«Gil-Ortega anterior presidente de Enresa, nunca adjudicó obras en el ATC por el procedimiento abreviado. A pesar de ello tuvo que dimitir por pretender adjudicar la obra del edificio principal del ATC sin los permisos preceptivos».
Hasta la fecha, Enresa ha licitado directamente o mediante convenio con otras instituciones 409,96 millones de euros en el ATC, de los que ha adjudicado 76,01 millones de euros de gasto. El último de los contratos se aprobó el 16 de este mes.
Estas plataformas sostienen que en estos momentos no hay prisa por construir el ATC, puesto que las centrales ya tienen o van a tener en breve almacenes en seco (ATI). Los de Trillo, Zorita y Ascó ya están operativos y los de Garoña y Almaraz pendientes de las licencias. «Tampoco es cierto que se esté pagando dinero por los residuos nucleares a Areva (Francia) puesto que no se llevan al país vecino desde 1989. Además un acuerdo firmado entre Enresa y Areva aplaza el pago de fianza hasta julio de 2017.