La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha señalado hoy que el informe que ha hecho la delegación de europarlamentarios que visitó en febrero el Tajo es un «varapalo brutal» a las políticas hidrológicas del Gobierno de España. Considera que la UE le ha dado un «auténtico bofetón» por llevar a cabo una planificación del agua que no tiene en cuenta el diálogo, los caudales ecológicos y sistemas alternativos como la desalación.
Elena de la Cruz.
Durante la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, la consejera ha puesto de manifiesto la unanimidad en torno a la defensa de los ríos Tajo y Ebro que ayer demostraron todos los grupos políticos con representación en el Parlamento Europeo en la sesión celebrada para debatir este informe, una defensa que llega de Bruselas y que «no ha hecho el Ejecutivo de Mariano Rajoy«.
Tras señalar que el dictamen de los europarlamentarios será sometido a la incorporación de posibles enmiendas en los próximos días y que será votado el 18 de julio, De la Cruz ha destacado que el propio presidente de la comisión de europarlamentarios que vino a España en febrero -que pertenece al Partido Popular europeo- calificó el informe de «técnico y equilibrado», solicitando ayer en el Parlamento Europeo que no se presenten enmiendas a los grupos y que la UE esté vigilante a sus recomendaciones y a las políticas hídricas del Gobierno de España.
Para la responsable de Fomento es relevante que otra europarlamentaria denunciase las presiones que habían hecho los regantes del Segura para la modificación del texto, así como el impacto que le supuso la imagen del río Tajo a su paso por Talavera, «con islas de tierra y canoas encalladas».
De la sesión que acogió el martes el Parlamento Europeo, De la Cruz también ponía de relevancia la reflexión de una diputada española del Partido Popular a favor del sostenimiento y la garantía de los caudales ecológicos. En esta línea ha recordado que el «plan b» que tiene el PP en nuestro país -y que está recogido en el Memorándum Tajo-Segura- es «garantizar el caudal mínimo del Tajo a través del embalse de Finisterre, donde está previsto que lleguen aguas fecales de Madrid». Añadía que la Junta va a solicitar al Gobierno español que se forme tras las elecciones que no se lleve a cabo este «atentado medioambiental» que supondría «la destrucción de más especies vegetales y animales».
FALTA DE DIÁLOGO, DE CAUDAL ECOLÓGICO…
En relación al informe, la consejera ha resaltado del mismo cuatro puntos. El primero de ellos es el que insta al Gobierno español a mantener un diálogo con las diferentes comunidades autónomas y plataformas con el fin de consensuar los planes hidrológicos del país, un diálogo -señalaba De la Cruz- que ha sido nulo hasta ahora, «impidiéndonos incluso que pudiésemos votar en el Consejo del Agua».
En segundo lugar, valora que el documento hable de la falta de caudal ecológico efectivo, con la consiguiente destrucción de especies, y de la necesidad de velar por el cumplimiento de la directiva marco del agua. Desde el Ejecutivo autonómico afirman que el agua que se está trasvasando «es agua regalada» ya que a los regantes de Murcia les cuesta cinco veces menos que a los de los pueblos de la cabecera». Un cambio en este sentido llevaría a contemplar otras posibilidades, como la desalación del agua, aseveraba.
«Otro aspecto importante es la diferencia que establece entre negocio y medio ambiente. El informe dice que el déficit del río Segura hay que contemplarlo cada vez que se haga un desarrollo urbanístico». Para la consejera resulta «inconcebible» que en Castilla-La Mancha se tengan en cuenta los recursos hídricos cada vez que se hace una actuación urbanística «y que en el sureste de España no ocurra lo mismo y se recurra al agua de otros». La UE dice que el desarrollo económico no puede estar por encima del ecosistema y que esas dotaciones de agua no pueden basarse en el agua de otras regiones. En términos generales, «explica que el déficit hídrico que hay en el Segura se debe a una nula planificación y utilización de medios alternativos; a una presión urbanística desmesurada; y a un riego intensivo que ha venido legalizando miles de hectáreas de regadíos ilegales».
Europa hace referencia -añadía la consejera- a la necesidad de utilizar la desalación para proporcionar agua suficiente al Levante español, algo que «hasta el momento no se ha potenciado». En este apartado, recordaba que la empresa encargada de construir las desaladoras era Aquamed, involucrada en denuncias de desvío de fondos e incluso de envenenamientos de ríos.
«Hoy en Castilla-La Mancha casi todos estamos unidos por el agua, solo falta el Partido Popular y es que aquí, lamentablemente, la sombra de Cospedal es muy alargada». Por ello, De la Cruz ha pedido al PP de las Cortes regionales que se una a esta defensa. Concluía diciendo que la administración regional pedirá al próximo Gobierno nacional que «retire estos planes hidrológicos que se han gestado de espaldas a la directiva marco y que se haga con consenso de todos».