domingo, 25 de febrero de 2024
Anuario de encastillalamancha.es 02/01/2017junio 6th, 2017

Solo tres meses después del desastre medioambiental ocurrido en el cementerio de neumáticos de Seseña (Toledo), la localidad guadalajareña de Chiloeches protagonizaba a finales de agosto otro lamentable episodio: el incendio de una planta de reciclaje de residuos peligrosos, cuya nube de humo obligó a activar un protocolo especial así como a tomar medidas extraordinarias a los bomberos que acudieron a extinguirlo.

El suceso destapó un cúmulo de irregularidades en las que habría incurrido la empresa, acumulando desechos de manera ilegal. De hecho, las instalaciones estaban clausuradas porque no cumplían las medidas de seguridad exigidas por el Ayuntamiento e incluso el Gobierno de Castilla-La Mancha había decretado la suspensión temporal de la autorización para la nave debido a la entrada de residuos de manera masiva, de lo cual había informado también a la Fiscalía.


Estas acusaciones en las que se vio envuelta la empresa afectaron a altos cargos de la Junta de Comunidades, en concreto al viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González Egido, a quien una información publicada en la revista Interviú le relacionaba con el empresario Pablo Layna Calvo, dueño de la empresa que alquiló el almacén de residuos peligrosos.

El viceconsejero no tardó en convocar a los medios de comunicación para desligarse de este empresario y rechazar las informaciones. No sin antes mostrar su disposición a colaborar con la justicia, aprovechó la rueda de prensa para anunciar su decisión de dimitir, una dimisión que, según aclaró, no tenía nada que ver con este incendio y que ya había comunicado al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural el 27 de julio, un mes antes del suceso.

DÍAS DESPUÉS ARDÍA UNA FÁBRICA DE TRATAMIENTO DE PASTA DE PAN, CUYO PROPIETARIO ERA EL DUEÑO DE LA PLANTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

La polémica no quedó aquí, ya que días después ardía, también en Chiloeches, una fábrica de tratamiento de pasta de pan cuyo propietario era el dueño de la planta de productos químicos, por lo que la Guardia Civil procedió a investigar la conexión empresarial entre ambos hechos.

En los tribunales, el Juzgado que se hizo cargo del procedimiento llamó a declarar en calidad de investigados a 19 personas físicas, entre las que se encontraba el exviceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha; el exalcalde de Chiloeches, César Urra; los responsables de la empresa KUK Medioambiente, gestora de la planta; y los gerentes del Grupo Layna, propietaria de la nave.

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