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Se enjuiciaría de forma separada a la pieza central del crimen. 17/11/2015junio 7th, 2017

La Fiscalía de Cuenca ha pedido iniciar un procedimiento contra un ciudadano de origen colombiano que supo del asesinato de las jóvenes Laura del Hoyo y Marina Okarinska y no lo denunció. Éste responde a las iniciales A.E. y estuvo en Cuenca el 6 de agosto, día en que fueron asesinadas.

Según ha explicado hoy en rueda de prensa la fiscal jefe de Cuenca, María Isabel Gómez López, su actuación puede ser constitutiva de un delito contra la Administración de Justicia, con una pena máxima de dos años de prisión.


«Esta persona se personó el 6 de agosto en la ciudad de Cuenca, estuvo en compañía de Sergio Morate, no tomó parte activa en ningún momento ni en la preparación anterior ni en la posterior de ningún tipo de ayuda o auxilio activa, sino que meramente conoció el hecho que había sucedido y no lo denunció», ha apuntado Gómez, que ha recordado que el deber de denuncia «pesa sobre la totalidad de ciudadanos».

Este caso contra el ciudadano de origen colombiano se enjuiciaría de forma separada a la pieza central del doble crimen porque «no hay ningún indicio que permita imputar su participación directa ni posterior en las muertes».

Sobre Sergio Morate, imputado por el doble asesinato, la fiscal jefe ha dicho que se contempla el mismo escenario que adelantó hace unas semanas: la imputación como autor en dos delitos de asesinato, que permanezca en prisión provisional y que sea juzgado por un Tribunal del Jurado.

Respecto al procedimiento contra Morate, Gómez es de la opinión de que se está «trabajando en unos márgenes de celeridad bastante razonables», y ha recordado que las causas con presos tienen tramitación «preferente» para la fase de enjuiciamiento.

«El secreto de sumario se ha levantado pero aún hay que practicar diligencias e incoar el procedimiento del tribunal del jurado», ha recordado la fiscal jefe.

Además de la Fiscalía de Cuenca, en el proceso se han personado otras tres acusaciones: las de las familias de Laura y Marina y la de la Junta de Comunidades.

De momento no ha avanzado las penas que se pedirán, aunque ha recordado que el Código Penal prevé de 20 a 25 años por cada uno de los asesinatos.

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