En una carta dirigida al presidente del Gobierno de España,a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, al director General del Agua y al presidente de la CHT, el presidente de la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, Alejandro Cano Saavedra, les lanza una pregunta: «¿Todos los españoles somos iguales?». En la misiva hace referencia al estado del río Tajo que está haciendo que «deje de ser considerado como río por la comunidad científica y calificado a menudo como el río más maltratado de Europa occidental», y es que con escusa de «sentimientos patrios de solidaridad, enmascaran la hidrocolonización del Tajo».
La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo ha emitido un comunicado de prensa escrito por su presidente y dirigido a Mariano Rajoy, a Isabel García Tejerina, a Liana Sandra Ardilles y a Miguel Antolín Martínez, en el que les recuerda que imágenes como la que presentaba la semana pasada el Tajo «se empezaron a producir en los años 70», porque «estas condiciones de vida son las que se han determinado por todos los gobiernos de España para el Tajo desde entonces».
Recuerda que en aquellos años «ya se había decretado la prohibición del baño en todo el Tajo a su paso por la provincia de Toledo», y «la razón es que la presión que ejerce la conurbación de Madrid y sus industrias sobre el Tajo«, que es «donde van a parar todos sus vertidos».
Cano explica en esta carta que «como reconoce la Confederación Hidrográfica del Tajo en las Memorias del Plan de cuenca del Tajo, solo con que el 1 por 100 de las aguas vertidas no se hayan depurado es suficiente para que por Toledo el Tajo presente ese aspecto que denota su agonía y colapso».
Continúa contando que «el Trasvase Tajo-Segura vino a condicionar aún más ese colapso con la detracción del 80 por 100 de los caudales procedentes de su cabecera”. Pero que para empeorar su situación, el cauce solo vuelve a ser rellenado con agua procedente de depuradoras de Madrid «que no son agua regenerada ni mucho menos».
Esto lleva al caudal del río a ser «un enorme colector de agua residual que apenas encuentra un hilo de agua», lo que resulta «absolutamente insuficiente para desencadenar los procesos de oxigenación, descomposición y degradación por los que de forma natural el agua recupera su estructura con la ayuda de los procesos de dinámica fluvial». Todo ello ha propiciado «que el Tajo deje de ser considerado como río por la comunidad científica y calificado a menudo como el río más maltratado de Europa occidental».
Los gobiernos de España están «lejos de reconocer la historia de estos hechos y los errores que la acompañan, ustedes siguen empeñados en atribuir a la Naturaleza la maldad por la que existe lo que, conceptualmente y desde el siglo antepasado, se dio en llamar la España seca y la España húmeda, contraste biodiverso y enriquecedor de la península Ibérica que ustedes se empeñan en eliminar a golpe de trasvases, con pretextos economicistas refutados científicamente, mitos hidrológicos que nada tienen que ver con la realidad y sentimientos patrios de solidaridad con los que enmascaran la hidrocolonización del Tajo, de sus territorios y de sus habitantes ribereños, convirtiendo así al Estado en proxeneta de su cuenca en lugar de protegerla, burlando las directivas europeas y revistiendo de legalidad los atentados ambientales que todo eso supone para la cuenca del Tajo».
Piensa que «han pactado en forma de Memorándum el expolio del Tajo sin dar audiencia a su ciudadanía ribereña y en atención a las presiones agroindustriales embajadas por dos comunidades autónomas ajenas a las de la cuenca saqueada».
Y por ello le pregunta a todos estos mandatarios si todos los españoles somos iguales en el tema del agua, ya que para la Plataforma son «los responsable últimos de la situación actual porque son quienes, en lugar de enmendar los errores del pasado, se están empeñando en huir hacia adelante dejando atrás un caos cada vez mayor y de mayores consecuencias nefastas». Dejan en sus manos el «restaurar la salud del Tajo y sus ríos» y atender a las «recomendaciones de la Comisión Europea».