El PP no ha admitido en ponencia ninguna de las seis enmiendas parciales presentadas a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que continuará su tramitación parlamentaria en los mismos términos en los que llegó al Congreso de los Diputados.
Todos los portavoces de la oposición han denunciado tras esta reunión la cerrazón del grupo popular por no cambiar esta reforma que, según el socialista Ramón Jáuregui, «jibariza la cámara representativa hasta extremos casi verdaderamente ridículos», al reducir la representación popular de una comunidad de dos millones de habitantes a un parlamento «mínimo».
El diputado del PP Agustín Conde ha vuelto a apelar a la «necesaria austeridad» para justificar la reducción del Parlamento castellanomanchego y ha dicho que es «perfectamente posible» que la Cámara siga cumpliendo con su funciones legislativas, de control y presupuestarias con un número menor de diputados.
La reducción, ha insistido Conde, «no iría en modo alguno en contra de la representatividad», y en este sentido ha reprochado la queja de los partidos pequeños, que denuncian que con esta reforma no podrán conseguir escaños en Castilla-La Mancha.
«Los partidos minoritarios lo que no tienen son votos, y como no tiene votos no tienen escaños, pero hay algunos que se empeñan en tener escaños a pesar de no tener votos», un argumento que no es, ha añadido, ni jurídica ni políticamente asumible.
Como ejemplo ha puesto el de Izquierda Unida, que en todas las legislaturas que ha habido Castilla-La Mancha sólo ha tenido diputado una vez.
Con la modificación, que arrancó su tramitación en el Congreso en noviembre de 2013 con el único apoyo del PP, el Parlamento autonómico pasará de la horquilla actual de 47 a 59 diputados a un intervalo de 25 a 35.
En total, la comisión ha debatido seis enmiendas parciales al texto, una del PSOE, tres de Unión Progreso y Democracia, una de La Izquierda Plural y otra de Compromís-Equo, tramitada desde el Grupo Mixto.
En su enmienda, el PSOE ha pedido directamente la supresión de la reforma, mientras que el resto de formaciones políticas han solicitado la circunscripción única para garantizar la representación de los distintos partidos de la comunidad y el pluralismo de la sociedad castellanomanchega.
Al salir de la reunión, Jáuregui ha insistido en reclamar al PP que aplace la tramitación de esta norma a la espera de aprobar la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC), que recuperará el recurso previo de inconstitucionalidad que se derogó en 1985 y en la que los dos principales grupos del Congreso están de acuerdo.
Ha avisado de que si continúa su trámite, los socialistas «muy probablemente» recurrirán el nuevo Estatuto al TC, convencidos de que se están vulnerando como mínimo los artículos 6 y 23 de la Carta Magna.
También ha dejado claro que el PP no puede ofrecer consensos para la regeneración democrática y, al mismo tiempo, «está planteando una vulneración tan rotunda de la propia democracia» con esta reforma estatutaria.
Así las cosas, ha emplazado al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a involucrarse para resolver esa «contradicción», y ha lanzado un mensaje: «Advertimos seriamente de que quien quiera consenso con el PSOE tiene que empezar por practicar el consenso en las reglas más elementales».
El diputado socialista por Toledo Alejandro Alonso ha advertido de que, con esta reforma, la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, habrá promovido una reforma estatutaria y dos cambios de la ley electoral en la misma legislatura, sin consenso con nadie y con sólo un diputado más que el PSOE.
Una «tropelía» que ha achacado al «miedo» del PP por «saber que en condiciones democráticas normales va a perder las próximas elecciones» y no al supuesto ahorro que conllevará, dado que los diputados autonómicos no tienen sueldo.
Alonso ha dicho que Cospedal toma decisiones «al más puro estilo Romanones, haciendo lo que le da la gana».
El líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha advertido asimismo de que con esta reforma se «limita la democracia» en Castilla-La Mancha en términos representativos y ha lamentado que ahora, para obtener un escaño en una provincia «favorable» como Toledo, se necesita entre un 14 por 100 y un 15 por 100 de los sufragios cuando antes era necesario un 9 por 100 o un 10 por 100.
Se limita por tanto, ha advertido Cayo Lara, la posibilidad de acceso a las Cortes de los partidos más pequeños que no sean el PP o el PSOE, y en definitiva convierte a esta comunidad en «la menos democrática» de España.
Para UPyD, esta reforma es un «atentado a las bases de la democracia representativa», según el diputado de esta formación Carlos Martínez Gorriarán, para quien se van a poner barreras de acceso «casi infranqueables» a que haya una representación del pluralismo político de la sociedad.
Particularmente grave ve el diputado de UPyD que el PP se aproveche de su mayoría «coyuntural» en Castilla-la Mancha para «blindarse».
Y de nuevo ha reprochado a los populares que hayan retirado el sueldo de los diputados, una medida que parece muy popular pero es muy saducea, porque con ella «sólo los millonarios pueden dedicarse a la política».
Emilio Olabarria, del PNV, ha acusado a la presidenta castellanomanchega y secretaria general del PP de establecer un sistema diferente, «casi estamental y casi grupal» para configurar una mayoría parlamentaria «fiel a sus designios».
Esto es «todo lo contrario a una vocación autonomista seria», ha dicho Olabarria, quien incluso ha preguntado a Cospedal «si realmente cree en la autonomía» y ha advertido de que este debate en Euskadi sería «una aberración».
Joan Baldoví, de Compromís, ha concluido señalando que ésta es una reforma que sólo pretende «blindar la victoria del PP» e impedir el acceso de las opciones más pequeñas para que haya pluralidad. «Es una auténtica estafa para los electores de Castilla-La Mancha», ha apostillado.