Agustín Yanel
Desde que Vox entró en el Congreso de los Diputados, hace seis años, ha interpuesto varias decenas de querellas o denuncias contra el presidente del Gobierno, algunos ministros y otros políticos progresistas. El Tribunal Supremo ha inadmitido 25, porque no contenían siquiera unos mínimos indicios de posibles delitos en los hechos denunciados como para iniciar una investigación. Y, a pesar de tantos rechazos, el partido de Santiago Abascal continúa utilizando la Justicia como arma política aunque lo justifique como si cumpliera el deber ciudadano de denunciar hechos presuntamente delictivos.
A juzgar por el elevado número de querellas que recibe la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra miembros del Gobierno u otros políticos progresistas, parece que algunos partidos -y también organizaciones ultras como Manos Limpias, Hazte Oír o Abogados Cristianos- practican esta acción como si fuera el deporte de moda.
Varias querellas inadmitidas contra Pedro Sánchez
En un artículo en elDiario.es, el periodista Alberto Pozas ha recordado algunas de las querellas de Vox contra Pedro Sánchez que han sido inadmitidas: por su tesis doctoral, por la amnistía para independentistas catalanes, por negociar con el partido EH Bildu… El partido de Abascal también se querelló contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusó de haber gaseado a manifestantes ante la sede socialista nacional del PSOE en la madrileña calle Ferraz; contra Irene Montero cuando era ministra de Igualdad, por la educación sexual en las escuelas, o contra la actual líder de Podemos, Ione Belarra, porque comparó a Vox con los nazis. Todas fueron inadmitidas por el Tribunal Supremo.
Se puede entender que una persona particular sin conocimientos jurídicos interponga una querella sin fundamentos suficientes contra el Gobierno, contra diputados o contra otros cargos públicos. Que alguien que atraviesa por una difícil situación y la atribuye a los políticos, acuda a la Justicia como última vía para que le den la razón porque está convencido de que la tiene. Pero que Vox y varias organizaciones de extrema derecha se dediquen cada vez más a querellarse, asesorados por sus abogados, y continúen haciéndolo a pesar de los muchos rechazos del Tribunal Supremo, solo tiene dos explicaciones posibles: una, que recurren a lo que sea para intentar desgastar al Gobierno de coalición progresista; y dos, que no aceptan aquello que no coincide con su ideología y por eso acuden a los tribunales para ver si, con suerte, algún juez les concede lo que no ganan con su legítima actividad política. Ese es su concepto de la democracia.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo es la que estudia estas querellas porque van dirigidas contra personas que están aforadas. Una de las últimas que ha inadmitido, porque no tiene ningún fundamento, la presentó un ciudadano particular contra los 350 diputados del Congreso, a los que acusó de prevaricación, coacciones y asociación ilícita porque tramitaron la ley de la amnistía. Quienes forman parte del Poder Legislativo no pueden negarse a tramitar un proyecto de ley que les envía el Gobierno por decisión del Consejo de Ministros, pero ese ciudadano estaba en contra de esa ley y decidió acudir al Tribunal Supremo.
«Denuncias carentes del más mínimo sentido»
«Este Tribunal Supremo no puede convertirse en una suerte de órgano llamado a responder a las más insólitas y descabelladas pretensiones de criminalización de nuestro sistema político», han indicado los magistrados en la resolución con la que han inadmitido esa querella. «Formular irresponsablemente denuncias carentes del más mínimo sentido contra todos los representantes de la soberanía popular es un buen ejemplo de ejercicio irracional y abusivo del derecho de acceso a los tribunales».
Con argumentos similares han inadmitido querellas de Vox o de las organizaciones citadas. Algunas de esas denuncias ante la Justicia no buscan perseguir un verdadero delito sino perseguir penalmente la actividad política, vienen a decir los magistrados.
Vox y las organizaciones citadas, entre otras, no interponen esas denuncias o querellas para cumplir lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal: quien conozca que se ha cometido un delito perseguible de oficio, debe denunciarlo ante la Fiscalía, el tribunal o juez competente o la policía. En el caso de Manos Limpias, algunas de sus denuncias se sustentaban solo en unos cuantos recortes de prensa, algo que los tribunales no consideran suficiente para iniciar una investigación.
Un partido puede denunciar ante la Justicia conductas presuntamente delictivas del Gobierno o de otros políticos, pero debe hacerlo con argumentos serios que justifiquen la apertura de una investigación judicial. Así lo ha hecho, por ejemplo, Izquierda Unida, y gracias a sus denuncias ha habido condenas por distintos delitos. Sirvan dos casos como ejemplo: el conocido como los papeles de Bárcenas concluyó con condenas de prisión para 29 acusados y para el PP, como partícipe a título lucrativo, por beneficiarse de las actividades corruptas de la trama Gürtel; ese partido también fue condenado por pagar parte de la reforma de su sede nacional con dinero opaco de una caja b, al margen de la Hacienda Pública.
Que un partido utilice la Justicia para intentar sacar rédito político es, además de un fraude de ley, un comportamiento antidemocrático. Y quienes lo hacen suelen ser los que, con un cinismo vergonzoso, más critican la politización de la Justicia.
Que un partido utilice la Justicia para intentar sacar rédito político es, además de un fraude de ley, un comportamiento antidemocrático