El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha reclamado al equipo de gobierno de PP y Vox que «de una vez por todas» culmine el proceso que se inició para elaborar una ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y que ya lleva un año de retraso y cuatro millones de inversión para la implantación del sistema integral de movilidad urbana sostenible y eficiente de Toledo (Simuset).
En una nota de prensa del partido, Fernández ha explicado que esta ordenanza pasó el trámite de consulta pública en agosto de 2024 y que, casi un año después, aún no se ha llevado a cabo el proceso de información pública con el texto definitivo.
Por eso, el edil se pregunta para qué ha servido la instalación de decenas de cámaras, estaciones medidoras de polución o de gases de efecto invernadero y las pantallas (muchas de las cuales no funcionan) que informan de plazas de aparcamiento libre o la temperatura y humedad si no existe una ordenanza reguladora que respalde la aplicación de todas estas infraestructuras.
«Lo que le pedimos al gobierno del Ayuntamiento de Toledo es que si de verdad se cree un discurso de ciudades medioambientalmente sostenibles, apruebe de una vez por todas una ordenanza que ya debería ser obligatoria en nuestra ciudad y que seguimos sin tener», ha reprochado.
A juicio de Txema Fernández la ordenanza debería dirigir a la ciudad hacia la peatonalización de las calles y el refuerzo del transporte público colectivo.
Para el concejal, el gobierno del Ayuntamiento de Toledo está lastrado por Vox, que relativiza el efecto del cambio climático afirmando «que todos los veranos hace calor y que en las ciudades siempre ha habido coches». «No se creen ni las políticas de cambio climático ni las políticas de movilidad sostenible, por eso no quieren avanzar sobre esta ordenanza», concluye Fernández.
El portavoz de Izquierda Unida también teme «más que un documento educativo nos encontremos con una normativa punitiva».
Además, ha reclamado que la ordenanza no se circunscriba al Casco Histórico, «puesto que el resto de la ciudad también padece problemas como los que se registran en la TO-23 donde planteamos un puente de 15 millones de euros para salvar un exceso de tráfico con el consecuente problema de contaminación y sin embargo queremos excluirlo de la regulación de la ZBE».