Agustín Yanel
Si se midiera el tiempo que los magistrados del Tribunal Supremo emplean en estudiar las querellas que reciben contra Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno, que en la mayoría de los casos son archivadas o inadmitidas porque no contienen un mínimo indicio de delito o porque se sustentan solo en recortes de prensa, se comprobaría que son muchos miles de horas. El sindicato de funcionarios Manos Limpias es el que más lo hace y, aunque a veces ha tenido éxito, también es el que más varapalos ha recibido de los jueces cuando han rechazado sus denuncias.
Los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo han manifestado en reiteradas resoluciones que para iniciar una investigación sobre alguien no basta con presentar unos recortes de lo publicado en medios de comunicación, sin aportar alguna prueba de la que se deduzcan unos indicios de que pudiera haber cometido un delito. «No sirve la mera aportación de recortes de prensa o similares sin más constatación o acreditación», han repetido en respuesta a querellas presentadas sin ningún fundamento.
Pero a los abogados de Manos Limpias parece que eso les da igual y continúan sumando fracasos. Una de dos: o no asesoran bien a esa organización advirtiéndole cuando una denuncia no tiene fundamento para prosperar, como debe hacer siempre un letrado, o sí lo hacen pero, pese a ello, esa organización les pide que interpongan la querella.
Presentar querellas para acceder a «información reservada y sensible»
El último varapalo del Tribunal Supremo se ha producido con una petición de Manos Limpias que sorprende a abogados, jueces e incluso a personas inexpertas en Derecho. Por enésima vez, la organización que lidera el abogado Miguel Bernad presentó unos recortes de prensa como único fundamento de su querella y, con ellos, pretendía que el Supremo uniera en una sola causa los procesos en los que investiga por separado al fiscal general del Estado, al exministro José Luis Ábalos y Koldo García, a la esposa del presidente del Gobierno, el rescate de la aerolínea Air Europa y el paso de la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en enero de año 2020.
Es tan evidente la absoluta falta de fundamento jurídico de esa petición, pese a que la presenta un abogado, que el Tribunal Supremo ha acordado no tramitar ese escrito de Manos Limpias porque es un caso claro de fraude de ley. Lo que pretende, según la resolución de la magistrada Ana Ferrer, es que abran una macrocausa general contra Pedro Sánchez y su Gobierno para formar parte de ese proceso como acusación popular y, de esa manera, tener acceso a una información que a veces es «reservada y sensible».
Pero no es solo Manos Limpias quien, desde hace años, abusa de la presentación de querellas que no tienen ningún fundamento -salvo, como se ha dicho, en algún caso-. También lo hacen organizaciones como Hazte Oír o Abogados Cristianos. Y, desde que llegó a la vida política, también ha interpuesto numerosas querellas el partido de ultraderecha Vox, aunque critica la politización de la Justicia como hacen todas las formaciones políticas.
Objetivo: deteriorar la imagen del político querellado
Cada vez que Manos Limpias u otra organización se querellan contra Pedro Sánchez o alguien del Gobierno, lo aprovechan el Partido Popular y Vox en sus actos y sus redes sociales. Después, cuando esas querellas son archivadas o directamente inadmitidas, esos partidos guardan silencio. El objetivo ya está conseguido: deteriorar la imagen del político que ha sido querellado.
Retorcer el Derecho y abusar del ejercicio de la acusación popular, como hacen Manos Limpias y otras organizaciones, es una práctica antidemocrática cuyo objetivo no es luchar contra la corrupción, como dicen. Lo único que pretenden es descalificar sin argumentos al Gobierno y a políticos progresistas -nunca se querellan contra políticos de la derecha o ultraderecha– y, como ha dicho el Tribunal Supremo, criminalizar la vida política.