La Diputación de Ciudad Real y la Audiencia Provincial han dado un paso hacia una justicia más accesible e inclusiva con la puesta en marcha del programa de Facilitador Procesal para Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, que garantiza que cualquier persona con discapacidad pueda comprender lo que ocurre en un entorno jurídico y, al mismo tiempo, ser comprendida por quienes imparten justicia.
El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde; la presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, María Jesús Alarcón, y el presidente de Cermi, Luis Cayo, han sido los encargados de presentar este proyecto pionero en España.
El proyecto, que ya está en funcionamiento desde el mes de febrero gracias a un convenio con la entidad Laborvalía, sitúa a Ciudad Real como referente nacional en el acompañamiento procesal adaptado, especialmente entre los territorios donde la justicia no está transferida a las comunidades autónomas.
Durante su intervención, María Jesús Alarcón ha defendido que la figura del facilitador «no es un gesto simbólico», sino «una necesidad constitucional» para garantizar la igualdad ante la ley y el derecho a la tutela judicial efectiva.
«Una persona con discapacidad que no entiende lo que ocurre en un juicio, ni puede hacerse entender, no está en igualdad de condiciones», ha advertido la presidenta de la Audiencia, quien ha celebrado que este servicio ya esté operativo y dando resultados concretos.
Alarcón ha reivindicado que la ley 8/2021, que trajo importantes avances en materia de accesibilidad judicial, necesita dotación presupuestaria y compromiso institucional para convertirse en realidad.
30.000 euros para su puesta en marcha
Por su parte, Miguel Ángel Valverde ha valorado este programa como uno de los pasos más significativos hacia una sociedad más justa e inclusiva, recalcando que la Diputación ha destinado 30.000 euros a su puesta en marcha, dentro de una unidad de atención jurídica más amplia que suma en total 80.000 euros.
Desde su activación en febrero, el servicio ha atendido 13 casos judiciales, además de impulsar 22 formaciones que han llegado a 690 personas con discapacidad intelectual, 86 profesionales de atención directa y 18 centros de la provincia.
Valverde ha subrayado que este esfuerzo conjunto con Laborvalía y el sector judicial «debe servir de ejemplo para otras instituciones» y ha instado a extender el modelo mientras el Ministerio de Justicia no lo generalice en todo el país.
«Valiosísimo precedente nacional»
Finalmente, el presidente de Cermi ha celebrado la puesta en marcha de esta figura como «un valiosísimo precedente nacional» y ha agradecido la «conjura de esfuerzos» entre la Diputación, la Audiencia y Laborvalía para hacer realidad un derecho que aún no está garantizado en todos los territorios.
Asimismo, ha subrayado que Ciudad Real se consolida como referencia en políticas públicas de inclusión, al ser la primera provincia en activar este servicio desde una diputación en el ámbito de la justicia no transferida.
Cayo ha recordado que la justicia «es un ámbito intimidante incluso para quienes la conocen», y que una persona con discapacidad intelectual, sin apoyo, puede verse completamente desprotegida.
Por ello, ha defendido que la facilitación procesal debe consolidarse como figura estable, regulada y financiada por la Administración de Justicia, y ha animado a extender este modelo a todo el país.
