El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha reclamado hoy al equipo de Gobierno local que «paralice la ordenanza de pisos turísticos y suspenda las autorizaciones de cambios de uso de actividad para viviendas de uso turístico en Toledo» porque si esta ordenanza ya era incompleta en sus orígenes, más lagunas presenta ahora con la declaración de 350 pisos en situación irregular, según los últimos datos aportados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
IU-Podemos se ha opuesto desde el principio a la ordenanza
Txema Fernández recuerda que desde que se empezó a tramitar la ordenanza Izquierda Unida se ha opuesto a la misma por ser un texto incompleto, e insiste en la necesidad de que se contabilicen todos los alojamientos turísticos (viviendas legales e irregulares, hoteles, otro tipo de alojamientos turísticos…) y se cifre de forma concreta esta oferta para poder determinar con más certeza qué porcentaje sobre las viviendas residenciales existentes no imprimirán una mayor saturación y tensión a la convivencia vecinal y al derecho al acceso a una vivienda.
«Pasamos de un porcentaje del 20 al 12% sin ningún estudio fiable, ni una foto real de cuántas camas se ocupan, cuántas viviendas se ocupan, cuánto tensiona en cada uno de los distritos censales la actual situación de vivienda de uso turístico de modo que se garantizase que era el porcentaje que permitía la convivencia en la ciudad y ha tenido que venir el Ministerio de Vivienda, casi un año después de aprobar la ordenanza, a advertir de una situación irregular», señala Fernández.
El portavoz de IU advierte al equipo de Gobierno local que estos 350 pisos, que no cumplen los requisitos legales y constan como revocados en el registro único de alojamientos temporales, pueden colapsar o hacer que ya se haya superado el 12% estipulado en la ordenanza en alguno de los distritos censales. Ahora bien, teme el concejal de IU que se utilice la ‘trampa’ recogida en la ordenanza aprobada tras una reunión del bipartito de los dos grupos con más representación en el Ayuntamiento, PP y PSOE.
«La Junta de Gobierno Local puede autorizar una modificación en el porcentaje de cada uno de los distritos censales», subraya, «y mucho nos tememos que, si esas 350 viviendas irregulares salen a la luz, y superan en algunos distritos el 12 %, la Junta de Gobierno se reunirá y justificará un incremento del porcentaje alegando que son indispensables para la ciudad sin más debate ni búsqueda de soluciones».
Txema Fernández incide en otro de los defectos de la ordenanza que está llevando hacia un modelo gentrificador, sobre todo en el Casco Histórico, apuntando que los datos de vivienda sobre los que se apoya el porcentaje fijado se refieren a las viviendas a construir en el futuro y teniendo como base los datos proporcionados por el POM anulado en 2007 que hablaba de una ciudad de 200.000 habitantes. «En el Casco, suponía duplicar el número de viviendas, por lo que el porcentaje máximo de pisos turísticos no está calculado sobre una realidad».
Sobre estas bases, el concejal de IU considera que la ordenanza, en sus actuales términos, «ni va a sujetar la pésima relación de convivencia que existe, ni va a ordenar la vivienda de este uso». Pero es que además, ahondará en las dificultades de acceso al derecho a la vivienda a un precio inasequible tanto en alquiler como en compra. «Así no se recuperan los barrios, por mucho que se asfalten nuevas calles, que se ponga nuevo pavimento en Tornerías o en Alfileritos», critica Fernández.
«Aceptar la vivienda de uso turístico como único modelo de desarrollo de la ciudad impide el acceso libre y universal al derecho constitucional de la vivienda», ha afirmado el concejal de izquierdas que ha vuelto a reclamar la necesidad de declarar a Toledo como zona tensionada y abordar medidas desde las administraciones competentes para poder poner en el mercado de la vivienda las más de 3.500 viviendas vacías.
Por otro lado, y a preguntas de los medios de comunicación, Txema Fernández ha hecho un alegato a favor del sector del taxi como parte del modelo del transporte público de la ciudad y se ha opuesto a la posible compatibilidad del modelo capitalista de la plataforma que está operando en la ciudad y el taxi. «Para nosotros no es compatible la demanda entre un modelo como el de Bolt y el que ofrece el sector del taxi y sus profesionales regulado por el propio Ayuntamiento», ha defendido Fernández.