La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la Sanidad de Castilla-La Mancha deriva a la región vecina 2.000 abortos al año.
Pedro Sánchez anuncia un recurso contra Madrid para cumple la ley del aborto
Una información que ha compartido después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que han pedido a la Abogacía del Estado un informe para presentar un recurso contra la Sanidad madrileña por derivar el 99% de los abortos a la sanidad privada.
La presidenta madrileña ha respondido diciendo que defienden «el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia, además de explicar que «el PSOE de Castilla-La Mancha derivó a Madrid 2.000 abortos el año pasado».
El presidente del Gobierno había puesto un tuit, junto con la información de Moncloa en la que se anunciaban las acciones judiciales, en el que criticaba que «ya más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas».
«Algo que para Pedro Sánchez es «un derecho esencial convertido en negocio. No lo vamos a permitir. Por eso, hoy mismo el Gobierno solicitará a la Abogacía del Estado presentar un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Madrid. Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales», ha remarcado Sánchez.
En Castilla-La Mancha, el 99,95% de los abortos, en clínicas privadas
La situación de las derivaciones de los abortos en las clínicas privadas no es ajena en Castilla-La Mancha, puesto que la objeción de conciencia de los médicos obliga a derivar a las privadas el 99,95% de los abortos en la región.
El Gobierno de Emiliano García-Page se reafirma en que en la región está garantizado el aborto «gratuito y segundo», pero este se practica en clínicas privadas, que en algunos casos es en Madrid.
Registro de objetores
Durante las últimas semanas ha estado en el centro de la polémica la posición de la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, sobre el aborto, dado que se opone a crear el registro de objetores de conciencia, que lo llegó a tildar de «lista negra».
Se trata de un registro obligatorio, que pretende garantizar el derecho a la objeción de conciencia, pero la Comunidad de Madrid es la única región de todo el país que se ha declarado en rebeldía y no lo creará a pesar de que lo exige la ley, de ahí que el Gobierno de España lleve a los tribunales al Gobierno de Ayuso.
