El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reconocido que el planteamiento del Gobierno central sobre el futuro modelo de financiación autonómica le «suena bien», si bien se ha mostrado «escéptico» ante la contradicción de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, quien planteaba un nuevo modelo para todas las comunidades de régimen común, pero de otro lado «las únicas negociaciones que se están produciendo son con la Generalitat de Cataluña».
Así lo ha dicho en una rueda de prensa el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha comparecido para dar cuenta de la reunión mantenida este pasado lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde la ministra puso como febrero como fecha para presentar esté nuevo modelo de financiación.
Además, y ante las dudas de que el nuevo modelo salir adelante con prontitud, el consejero ha vuelto a pedir que se apruebe «un fondo transitorio de financiación» para las regiones «infrafinanciadas», entre ellas, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia.
«Se respetaría la multilateralidad», pero también «la bilateralidad» de Cataluña
Pese a reconocer que «la música suena bien», el consejero ha considerado que si ERC «está satisfecha» con las negociaciones sobre financiación, «desde luego no es compatible con que podamos estar satisfechos en Castilla-La Mancha».
En este sentido, ha explicado que como consejero le solicitó a la ministra la documentación o papeles que se estaban intercambiando entre el Gobierno de España y la Generalitat y la respuesta de la ministra fue que «no había papeles y yo, ante eso, puse cara de incrédulo, porque no me lo he creído, como tampoco me he creído que no hubiera habido más reuniones de la que se escenificó en el mes de julio», ha señalado.
Según ha explicado el consejero, Montero aseguró a las comunidades autónomas que «se respetaría el modelo de multilateralidad», pero que al mismo tiempo se respetaría «la bilateralidad, haciendo referencia a Cataluña», algo que el consejero ha criticado: «No se puede soplar y sorber al mismo tiempo», ha dicho.
Por lo tanto, Ruiz Molina no cree que la «buena música que pudiera inspirar el nuevo modelo de financiación autonómica esté pensada para lo que pretendemos» en Castilla-La Mancha, que es «que se respete el principio de igualdad».
Castilla-La Mancha respalda la senda de estabilidad, aunque critica los retrasos del Estado
En relación con la aprobación de los objetivos de estabilidad para los próximos años, el consejero ha señalado la dificultad que supone para las comunidades a debatir los objetivos de estabilidad a fecha de 17 de noviembre, así como no saber el incremento retributivo de los empleados públicos para este año y el que viene, en un momento en el que Castilla-La Mancha se encuentra en pleno proceso de tramitación presupuesto para 2026.
En estos términos, el consejero aparte de dejar clara la evidencia de que “algo no funciona bien”, si no se disponía de toda la información necesaria para elaborar los presupuestos de una comunidad autónoma, también ha señalado que lo que es bueno para el Gobierno nacional, en la medida que es el paso previo para la presentación de los PGE, es perjudicial para las comunidades autónomas porque “este retraso nos arrastra al resto de administraciones a que tengamos que elaborar los presupuestos como consideremos oportuno”.
En este sentido, Ruiz Molina ha hecho referencia a que se propuso un margen de déficit para las comunidades autónomas del 0,1 por ciento del PIB para los ejercicios de 2026-2028, ante lo cual Castilla-La Mancha “ha votado a favor de esa senda de déficit y dejamos a nuestro criterio utilizarlo o no”, pero dentro de ese equilibrio presupuestario que desde el Gobierno regional “nos hemos marcado para el próximo presupuesto”.
Un equilibrio que, según ha explicado se ha hecho por varias razones, la primera de ella porque cuando se elaboró el techo de gasto “se desconocía esta información”; la segunda razón, porque se consideraba que “dado el alto nivel de endeudamiento de la Comunidad Autónoma era preferible fijarse como objetivo el no crecer en esta magnitud, teniendo en cuenta que con mayor endeudamiento tenemos que pagar más intereses y limitar nuestra capacidad de gasto en lo que más nos interesa que es el Estado de Bienestar en los próximos años”.
Y, por último, y como ha mencionado, por el desconocimiento de la retribución para los empleados públicos para 2025 y 2026, un margen que, desde el Ministerio de Hacienda, no “supieron responder, porque no dependía de su departamento”, una “evasión de la pregunta, que para el Gobierno de Castilla-La Mancha es necesario conocer, para saber en qué márgenes nos movemos”.
En esta línea, Ruiz Molina también ha cuestionado que desde las comunidades gobernadas por el Partido Popular se votara en contra de esta senda, “no lo entendí”, porque con independencia del margen que den a las comunidades autónomas, “es discrecional, se puede utilizar o no”. Por eso, “ese voto negativo del PP va más en la política de bloqueo, no es una postura pensada en los intereses generales de sus respectivas regiones”, ha dicho.
