La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real, Aurora Galisteo, ha defendido este martes el trabajo diario que desarrolla el Consistorio con las familias de San Martín de Porres, denunciando que “el Ayuntamiento es la única administración que está actuando de manera real, constante y responsable sobre el terreno”.
Por ello, ha reclamado a la Junta de Comunidades y a la Subdelegación del Gobierno que asuman sus competencias en seguridad y vivienda, advirtiendo de que sin su implicación “no habrá solución completa ni definitiva para el barrio”.
Galisteo ha acusado al Gobierno regional de mostrar una “ausencia de voluntad política”, que a su juicio se refleja en el incumplimiento de las aportaciones económicas comprometidas en el Plan Integral aprobado en 2023: 50.000 euros en 2023, 333.000 en 2024 y 425.551 en 2025.
Según la edil, “ni un solo euro de esas cantidades ha llegado al barrio”. También ha desvelado que hace un año solicitó una reunión urgente con la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, sin haber recibido respuesta.
La Junta, propietaria de 53 viviendas en la barriada —solo 27 habitadas—, “no ha invertido ni un céntimo desde que las construyó”, ha afirmado.
Frente a esa situación, el Ayuntamiento asegura que ha reforzado su dotación económica y su trabajo en el marco del Plan Integral, un proyecto que la Cátedra de Inclusión Social de la UNED ha destacado como buena práctica. Galisteo ha subrayado que los vecinos “merecen respeto y soluciones reales, no propaganda”.
La concejala también ha respondido a las últimas declaraciones del subdelegado del Gobierno, David Broceño, recordándole que la seguridad, “primer problema del barrio”, es competencia estatal.
Ha señalado que sus afirmaciones muestran “desconocimiento” del Plan, elaborado “por un gobierno socialista” con el apoyo de todos los grupos municipales. “Es como si el PSOE se estuviera enmendando a sí mismo”, ha dicho.
Galisteo ha anunciado además que en los próximos días se iniciará el derribo de cinco infraviviendas en la zona, que se sumarán a las 28 ya demolidas desde 2019. También ha tendido la mano a Junta y Subdelegación para trabajar de manera coordinada.
Trabajo de servicios sociales
Desde Servicios Sociales, el Ayuntamiento mantiene un equipo técnico “en exclusiva” dedicado a la intervención individual y comunitaria con las familias del barrio, desarrollando acciones en educación, relaciones familiares, absentismo, formación y cualificación profesional.
Un trabajo “intenso” que el Consistorio asegura que continuará para atender a “mayores, niños y mujeres que merecen soluciones, no titulares sensacionalistas”.
En la comparecencia, Galisteo ha estado acompañada de trabajadoras municipales y de representantes de Apimey-CV, entidad con la que colabora el Ayuntamiento en esta intervención.