El 20% de la población de Castilla-La Mancha está en situación de exclusión social, que afecta a una de cada cinco personas de la región en sus distintas manifestaciones, con la vivienda como epicentro de la desigualdad, según el noveno informe de la Fundación de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa).
Los datos que se extraen del informe los han presentado este miércoles en Toledo el arzobispo Francisco Cerro, la presidenta regional de Cáritas, Rosa García, y la técnico de Foessa, Marina Sánchez, que han advertido que se está viviendo «un proceso inédito de fragmentación social», en el que la desigualad es el principal motor de la pobreza y la exclusión social, tanto en la comunidad autónoma como en España.
Aunque se ha producido una mejora significativa con respecto al 2021, año en el que se midieron las consecuencias de la pandemia por coronavirus, la exclusión social ha aumentado y afecta a 428.000 personas en la región.
En comparación con el año 2018, se aprecia que ha mejorado la dimensión del empleo, es decir, se reduce el número de personas afectadas en el ámbito laboral, y la dimensión del consumo se mantiene prácticamente estable, pero empeoran el resto (educación, salud, conflicto y aislamiento social y, especialmente la dimensión política). La vivienda se mantiene como un elemento clave que condiciona la vida en la región.
La vivienda, epicentro de la desigualdad y exclusión
La vivienda en Castilla-La Mancha se ha convertido en el epicentro de la desigualdad: el 22% de la población castellano-manchega está afectado por algún rasgo de exclusión residencial.
Los precios –de compra y alquiler– crecen mucho más rápido que los ingresos. Entre 2018 y 2024 el Índice de Precios de la Vivienda subió un 23% en Castilla-La Mancha (+35% obra nueva; +21% segunda mano), una cifra muy lejana al incremento de los salarios.
En alquiler, la presión es doble: en Castilla-La Mancha el 47% de las personas que viven en régimen de alquiler a precios de mercado están en riesgo de pobreza (España 45%). Además, la cuota mediana del alquiler ha aumentado un 28% entre los años 2018 y 2023. Entre las capitales de provincia, el mayor incremento se registró en Toledo (29,4%) seguida de Guadalajara (28%).
El empleo se recupera, pero no es suficiente
Una «buena noticia» que arroja el informe en Castilla-La Mancha es que se crea empleo y estabiliza parte del mercado, pero los salarios reales y la precariedad laboral matizan la mejora. Se trabaja más sin que eso garantice alejarse del borde del precipicio a una parte de la población.
La técnico ha explicado que tener un empleo no es suficiente para la integración, «trabajar no te garantiza salir de la situación de exclusión social», pues «la precariedad laboral, la inestabilidad, los contratos cortos y los salarios bajos son la nueva normalidad».
El IMV no llega a todos los hogares
Por un lado, cuatro años después de su implantación, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) amplía cobertura en Castilla-La Mancha, pues entre 2021 y 2024 el número de hogares beneficiarios se ha multiplicado por 2,3 en la Región (2,6 en el conjunto estatal). Sin embargo, el IMV solo llega al 51% de las personas en pobreza severa en Castilla-La Mancha (un número similar al del conjunto de España (50%).
Esto se debe a la brecha digital y a la desinformación, pues, «si no saben que existe y si no sabes cómo solicitarlo, no puedes beneficiarte de ello».
Otra de las principales conclusiones que se recogen es que en Castilla-La Mancha están mejorando los indicadores de desigualdad pero no los de pobreza. En este sentido, en 2024, casi un 30% de la población está en riesgo de pobreza en Castilla-La Mancha (más de 570.000 personas), un porcentaje notablemente superior al 19% que presenta el conjunto del país. Pero lo más preocupante es que las tasas de pobreza se mantienen de forma sistemática por encima del 25% entre 2018 y 2024, lo que nos habla de una situación de cronificación de la pobreza.
Los perfiles de la pobreza en Castilla-La Mancha
El primer rostro de la exclusión social en la región está influido por el origen y la nacionalidad. Las personas de nacionalidad extranjera enfrentan tasas de exclusión social casi 3 veces superiores a las de nacionalidad española (46% frente a 16%) y las de origen extranjero 2,7 veces superiores a las nacidas en España.
La infancia y la juventud configuran el segundo rostro y concentran una vulnerabilidad singular: la tasa de exclusión entre menores de 18 años (36,5%) es casi cinco (4,8) veces superior a la de las personas de 65+ (7,6%).
El tercer rostro está relacionado con la composición del hogar. La exclusión afecta al 39% de hogares en los que hay dos o más niños, niñas o adolescentes (<18 años), un porcentaje que ha aumentado en 14,4 puntos porcentuales desde 2018.
A preguntas de los medios, Rosa García, ha detallado que Cáritas Castilla-La Mancha atendió en 2024 a unas 35.100 personas, beneficiando en total a más de 66.600. La mayoría se encuentran en exclusión social o en extremo riesgo de pobreza. Ha coincidido con la Fundación Foessa en que cada vez hay casos en los que la vivienda es un condicionante extra para pedir ayuda.
El arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, ha indicado que los estudios de Foessa «son investigaciones rigurosas, coherentes y consistentes con la realidad; pero, al mismo tiempo, son análisis amasados desde la experiencia de voluntarios y voluntarias, profesionales de la acción social y la investigación, comunidades parroquiales y proyectos sociales que se han gastado y desgastado en el compromiso con las personas más frágiles».
