El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha formado este miércoles a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a estudiantes de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en la identificación, investigación y resolución de delitos medioambientales, en una jornada celebrada en Ciudad Real que ha abordado los principales retos para proteger el entorno natural y la biodiversidad.
La jornada ha sido inaugurada por el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Juan Antonio Valle; el decano de la Facultad de Derecho de la UCLM, Fernando Callejas; el delegado de Desarrollo Sostenible de la Junta, Agustín Espinosa, y el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares.
La sesión, celebrada en el Paraninfo Ernesto Martínez Ataz, se ha desarrollado a lo largo de todo el miércoles con una combinación de ponencias y análisis de casos reales, permitiendo a los asistentes conocer de primera mano el trabajo operativo y técnico que desempeña el Seprona en la prevención y persecución de los delitos contra el medio ambiente.
Los expertos han profundizado en materias como los delitos ecológicos, la investigación de incendios forestales, la recogida de pruebas en escenarios de daño ambiental y el informe pericial en ilícitos contra la biodiversidad.
El objetivo ha sido ofrecer una visión directa y actualizada del modo en que la Guardia Civil actúa sobre el terreno y del marco jurídico que acompaña estas investigaciones.
53 agentes del Seprona en la provincia
El coronel Valle ha recordado que la Guardia Civil «desde su fundación siempre ha estado dedicada a la protección de los montes y de la naturaleza en general», una labor que se reforzó tras la aprobación de la Constitución, cuyo artículo 45 garantiza el derecho al medio ambiente.
Ha explicado que la creación del Seprona en 1988 consolidó esta competencia, que hoy ejercen más de 2.000 agentes en toda España, 53 de ellos en la provincia de Ciudad Real, distribuidos en nueve patrullas, un equipo especializado y dos destacamentos en los parques nacionales de Cabañeros y las Tablas de Daimiel.
Según ha detallado, el Seprona ha investigado casi 6.000 delitos a nivel nacional y cerca de 100.000 infracciones en materia ambiental. En Ciudad Real, los delitos más habituales están relacionados «sobre todo con el maltrato animal» y también con vertidos ilegales y casos vinculados a la actividad cinegética.
Valle ha subrayado que estas jornadas buscan acercar esta labor «al entorno universitario«, especialmente útil para estudiantes de Derecho por sus implicaciones jurídicas.
Vigilancia a los pozos ilegales
Por su parte, el subdelegado del Gobierno ha señalado que los delitos medioambientales son «claves para la seguridad pública» y un asunto estratégico para el Ejecutivo. Broceño ha destacado que este tipo de ilícitos afectan no solo al entorno natural, sino también «a la salud pública, a la economía y al futuro especialmente en las zonas rurales».
Ha puesto en valor la especialización del Seprona y su capacidad para elaborar informes periciales que permiten determinar con eficacia la existencia de un delito y sus posibles consecuencias judiciales.
El subdelegado ha hecho referencia también a los problemas derivados de la captación ilegal de agua y los pozos irregulares, un fenómeno especialmente perjudicial en la provincia por la situación del acuífero 23, que «cada vez está más esquilmado», por lo que ha destacado el trabajo coordinado entre la Confederación Hidrográfica, la Guardia Civil, el Seprona y la Justicia para preservar un recurso que ha calificado de «valiosísimo».
