La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Toledo, Tita García Élez, se ha referido a través de una nota de prensa al pleno celebrado en Buenaventura el 2 de enero, en la que el ayuntamiento, gobernado por el PP, aprobó una moción para defender que el servicio de comida a domicilio, dirigido a personas mayores y dependientes, se siga prestando tal y como se venía haciendo hasta ahora, una iniciativa que contó con el apoyo delPSOE local. Esta situación «pone de manifiesto que la realidad de los pueblos está evidenciando las debilidades del modelo de comidas a domicilio promovido desde la Diputación«, afirma la diputada socialista. En este sentido piden un cambio de rumbo en el servicio de comida a domicilio y se ofrecen a dialogar al respecto.
Asegura el PSOE que llevan meses alertando de que «el nuevo sistema traslada a los ayuntamientos una carga administrativa, técnica y económica difícilmente asumible, especialmente para los municipios pequeños, y que esta situación pone en riesgo la continuidad, el control y la calidad de un servicio esencial dirigido a personas mayores y dependientes. El propio Ayuntamiento de Buenaventura, en la moción aprobada, expone las dificultades reales para gestionar un servicio de esta complejidad y solicita que sea la Diputación quien mantenga su prestación, en coherencia con su función de asistencia a los municipios».
PSOE: «Preocupa también a los alcaldes del PP«
Por este motivo, la portavoz del Grupo Socialista en la diputación provincial, Tita García Élez, ha señalado que “cuando se analizan los condicionantes reales de los ayuntamientos, se llega a la conclusión de que el modelo que funcionaba era el anterior”. En este sentido, ha subrayado que “el caso de Buenaventura demuestra que esta preocupación no entiende de siglas y que incluso gobiernos locales del Partido Popular están pidiendo mantener un sistema que garantizaba estabilidad, control y seguridad”.
García Élez insiste en que “no estamos ante un debate ideológico, sino ante una cuestión de gestión pública y de responsabilidad institucional”, y ha advertido de que “fragmentar el servicio y trasladar la contratación a cada ayuntamiento supone introducir incertidumbre, riesgos jurídicos y una sobrecarga administrativa que muchos consistorios no pueden asumir”.