La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha presentado candidatura para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap), concretamente en la ciudad de Toledo.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad castellanomanchega, que han señalado que la candidatura se presentó poco antes de que finalizase el año 2025.
Entre los argumentos que esgrime Castilla-La Mancha para optar a ser la sede de la Aesap –que quedará elegida en febrero— destacan la importancia que el Gobierno de Emiliano García-Page da a la salud pública, un ámbito «muy potente» en la región.
Las mismas fuentes apuntan a la experiencia recabada en este ámbito desde que el Ejecutivo actual llegó al Gobierno, especialmente ante situaciones como el «mayor brote» de legionelosis detectado en Manzanares en diciembre de 2015 o más recientemente frente a la pandemia de Covid.
Además, valoran la ubicación de Toledo en el centro de España, beneficiosa en el caso de que tuvieran que desplazarse funcionarios u otro personal desde Madrid. El espacio físico que ocupará la Agencia en Toledo no se ha desvelado.
Evaluación de propuestas
Concluido el plazo de presentación de candidaturas este 17 de enero, y una vez recopiladas todas las candidaturas y los informes preceptivos, una Comisión Consultiva elaborará un dictamen que incluirá la evaluación detallada de las propuestas presentadas.
Además, este documento podrá analizar otras posibles localizaciones que, aun no habiéndose postulado formalmente, se consideren óptimas para albergar la sede de la Agencia.
El dictamen será elevado primero a la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico y, posteriormente, al Consejo de Ministros, que adoptará la decisión final mediante un acuerdo motivado que se publicará en el BOE.
La Agencia Estatal de Salud Pública fue creada mediante la Ley 7/2025, de 28 de julio, como respuesta a las debilidades detectadas durante la pandemia de Covid-19 y a las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.
La Aesap nace con el objetivo de reforzar las capacidades del Estado en vigilancia en salud pública, evaluación y comunicación de riesgos, así como en la preparación y respuesta ante crisis sanitarias, actuando como referente técnico y científico a nivel nacional e internacional.
Entre los criterios específicos que se valorarán para la ubicación de la sede figuran la adecuación del inmueble a las necesidades de la Agencia, la disponibilidad inmediata o con mínimas adaptaciones de los espacios, y la capacidad para acoger a una plantilla que alcanzará progresivamente hasta 300 empleados.
El informe estima que el espacio necesario rondará los 4.000 metros cuadrados e incluirá salas de reuniones, áreas técnicas, un salón de actos con capacidad para más de 300 personas y dotación tecnológica avanzada.
Asimismo, se tendrán en cuenta las características de la localidad candidata, como su red de transporte, la conectividad con aeropuertos internacionales, la oferta de vivienda, los servicios educativos y sanitarios y la existencia de un entorno universitario, científico y empresarial dinámico.
También se valorarán las medidas de apoyo al personal que deba desplazarse, incluidas ayudas a la vivienda, reagrupación familiar y movilidad sostenible.