El Juzgado de lo Social número 3 de Albacete ha condenado a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y a su compañía aseguradora a indemnizar a una docente de Primaria que sufrió una agresión por daños y perjuicios con una cantidad total que supera los 28.600 euros.
Lesiones en los dedos y los brazos
Así consta en la sentencia, de la que ha informado este lunes el sindicato CCOO de Castilla-La Mancha en un comunicado, que recoge que los hechos se produjeron el 14 de enero de 2022 cuando dos niños se peleaban en la fila del patio y la docente intercedió entre ambos y sufrió lesiones en los dedos y brazos.
Además de las lesiones físicas, según la sentencia, la docente también padece ansiedad causada por el episodio de agresión en su entorno laboral y, por todo ello, el juzgado ha admitido la reclamación y ha condenado a la Consejería de Educación y a su aseguradora a una indemnización.
Inexistencia de protocolo de actuación
CCOO ha destacado que la sentencia es consecuencia de la «inexistencia de protocolo de actuación en Castilla La Mancha ante agresiones a docentes» y que la resolución judicial es la primera de estas características en la que se confirma que esta protección no puede seguir recayendo en la iniciativa individual del profesorado, sino que «debe ser asumida de forma directa, estructural y efectiva por la Administración educativa».
De esta manera, ha considerado que refuerza la responsabilidad de la Consejería en materia de salud laboral y condiciones de trabajo después de que la demandante denunciara por «omisión de medidas de seguridad».
En este sentido, ha apuntado que la sentencia indica que la Administración «no tenía establecido ni un protocolo de prevención de situaciones de violencia dirigido a profesores en el ámbito de los centros educativos propios, ni un protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado», así como ha precisado que no es equiparable ni el Decreto de Convivencia Escolar ni la Guía de prevención y actuación ante conductas disruptivas graves en los centros educativos de Castilla-La Mancha.
«Deficiencia estructural»
Por ello, el sindicato ha subrayado que se reconoce que la ausencia de protocolos «claros y eficaces» en la región para actuar ante agresiones al profesorado constituye «una deficiencia estructural«, y que vincula de forma directa esta carencia con las reivindicaciones formuladas por CCOO en el marco de la negociación colectiva.
Para la organización sindical, este reconocimiento judicial, que no es firme y sobre el que cabe recurso, es «especialmente relevante», ya que «demuestra que lo defendido y documentado en las mesas sectoriales tiene efectos jurídicos reales, y que la acción sindical rigurosa, constante y sostenida en el tiempo no solo es legítima, sino eficaz».
Y a la vista de esta sentencia, CCOO ha exigido a la Consejería de Educación que adopte medidas concretas como la elaboración «inmediata» de protocolos autonómicos de actuación ante agresiones, la intervención de oficio de la Administración ante cualquier agresión al profesorado, la coordinación real con Fiscalía, Inspección Educativa y Fuerzas de Seguridad; apoyo jurídico, psicológico y administrativo a las víctimas; y medidas de prevención, formación y protección que eviten la normalización de las agresiones.