Amnistía Internacional ha instado al Ayuntamiento de Alovera (Guadalajara) y a la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha a adoptar medidas urgentes para garantizar una vivienda adecuada a Ikram, de 26 años, y su hija de un año, tras su desalojo sin alternativa habitacional en noviembre de 2025.
Según la organización, madre e hija se encuentran actualmente residiendo en una habitación en una vivienda compartida que no reúne condiciones adecuadas de habitabilidad ni salubridad, lo que supone una situación de especial gravedad al afectar directamente a una menor.
Amnistía Internacional ha recordado que los Servicios Sociales dependientes del Ayuntamiento de Alovera y la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha emitieron previamente un informe recomendando la paralización del desahucio por tratarse de una familia en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas solicitó medidas cautelares al Estado español para evitar daños irreparables, instando a proporcionar una alternativa habitacional adecuada.
La organización también subraya que recientemente el Comité de los Derechos del Niño recomendó a España suspender los desalojos de familias con menores hasta garantizar una vivienda alternativa, y que el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Balakrishnan Rajagopal, ha advertido sobre las consecuencias del fin de la moratoria de desahucios para familias vulnerables.
«Las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar el derecho a la vivienda, evitando los desalojos de familias vulnerables sin alternativa habitacional, y de proteger el interés superior del menor», ha señalado Alfonso Sánchez, Coordinador de Campañas de AI en Castilla-La Mancha.
Amnistía Internacional ha escrito tanto al Ayuntamiento de Alovera como a la Consejería de Bienestar Social solicitando:
• La adopción inmediata de medidas que aseguren una vivienda alternativa adecuada para la familia.
• La revisión de la actuación administrativa que permitió el desalojo sin solución habitacional.
• La implementación de protocolos que impidan el desalojo de menores sin alternativa de vivienda.
Amnistía Internacional insiste en que España ha sido reiteradamente señalada por organismos internacionales por incumplimientos en materia de derecho a la vivienda, y recuerda que estas obligaciones son vinculantes para todas las administraciones.
