El Gobierno de Castilla-La Mancha va a elevar la partida que destina a los seguros agrarios hasta los 12 millones, cuando el año anterior fue de 10,5 millones.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha presidido esta mañana la Comisión Territorial de Seguros Agrarios de Castilla-La Mancha para analizar la evolución del sistema de aseguramiento, el balance de contratación de las últimas campañas, la siniestralidad registrada y la convocatoria de ayudas del Plan 2026.
En declaraciones previas a los medios, en las que ha estado acompañado por la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez, Julián Martínez Lizán ha destacado el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha a la contratación de seguros agrarios y así lo confirma que haya elevado a 12 millones la convocatoria del seguro agrario, “la mayor dotación de su historia en la Consejería de Agricultura”.
El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene una apuesta firme por el seguro agrario. De hecho, con la convocatoria del Plan 2026, dotada con 12 millones de euros, la inversión acumulada desde 2015 alcanzará los 82 millones de euros, consolidando el mayor esfuerzo público realizado hasta la fecha y un crecimiento superior al 186 por ciento respecto a 2015.
Además del refuerzo presupuestario, la convocatoria de 2026 ha venido acompañada de mejoras en distintas líneas agrícolas y ganaderas, entre ellas cultivos herbáceos extensivos, uva de vinificación, ajo, hortícolas, ovino, caprino y aviar. En este sentido, «se van a incrementar los porcentajes de ayuda en las líneas de contratación para que resulte más económico a nuestros agricultores y ganaderos poder hacer las contrataciones de las pólizas correspondientes al desarrollo de su actividad».
Continuando con la Comisión de Seguros Agrarios, Martínez Lizán ha explicado que hoy se centrará en evaluar la situación del aseguramiento en la región en un contexto de elevada siniestralidad climática. De hecho, 2025 ha sido uno de los más duros de la última década, con más de 332.000 hectáreas siniestradas, de las cuales 194.000 corresponden a daños por pedrisco, el fenómeno más relevante, y con más de 101 millones de euros en indemnizaciones.
Otro dato que ratifica esta realidad es que, en lo que va de legislatura, Agroseguro ha abonado 372,7 millones de euros a agricultores y ganaderos de la región, lo que demuestra su eficacia como mecanismo de protección frente a los riesgos climáticos. Precisamente esta inestabilidad ha tenido un efecto directo sobre el aseguramiento de forma que el capital asegurado en Castilla-La Mancha alcanzó en 2025 los 2.260 millones de euros, pendiente de incorporar las contrataciones de otoño (almendro, olivar, ajo, viñedo y frutales). Con estas pólizas, se prevé que el capital final supere en más de un 10 por ciento la cifra de la campaña anterior.
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Medidas y acciones para paliar los daños por las tormentas
El consejero también ha explicado que ayer informó al Consejo de Gobierno acerca de los daños causados por las tormentas, así como las medidas para paliarlos. Entre los daños, ha citado afecciones a la ganadería, siembras no realizadas, encharcamientos, no cosechado, árboles tumbados, aceituna caída, futuras enfermedades en plantas causadas por hongos y daños en caminos y vallados. Por otro lado, las hectáreas afectadas notificadas a Agroseguro son más de 4.000.
Ante esta situación, ha manifestado el acompañamiento del Gobierno regional a agricultores y ganaderos para minimizar las consecuencias, algo que se hace de forma conjunta con el Ministerio de Agricultura para determinar una serie de medidas.
Al respecto ha explicado que hay dos líneas de actuación, una que afecta al territorio de Castilla-La Mancha en su totalidad, que es la declaración de zona gravemente afectada por emergencia de Protección Civil. Con esta, a petición de los ayuntamientos y para la reparación, por ejemplo, de infraestructuras dañadas de titularidad pública, se concederá una ayuda de hasta el 50 por ciento en la reparación, “principalmente entendemos de caminos que discurren por parcelas agrícolas, pero también por la parte forestal que cada ayuntamiento tiene en su territorio”.
“Y esto lo vamos a apoyar desde el Gobierno regional con la dotación de siete millones de euros que tenemos destinados para el arreglo de caminos rurales y que llegarán a todos los municipios de Castilla-La Mancha. Se hará un prorrateo para aplicar esa ayuda a todos los municipios que podrán implementarlo, sumándolo a las ayudas de las diputaciones y el dinero que los propios ayuntamientos puedan poner para la reparación de estos caminos que se han sufrido daños en algunos casos bastante graves y que esperemos sean complementarios con ese 50 por ciento que aportará el Ministerio”, ha detallado Martínez Lizán. Esta acción conjunta de todas las administraciones “puede suponer un respaldo importante para la reparación de unas infraestructuras más que necesarias para el desarrollo de la actividad en el medio rural”.
Por otro lado, ha explicado los contactos, con la Delegación del Gobierno, tanto la semana pasada como los que pueda haber esta, una vez que se han realizado los informes de daños, para ver la posibilidad de que Castilla-La Mancha pudiese acceder a la línea de apoyo de 7.000 millones del Ministerio de Agricultura “que, de momento, en partida inicial solo se aplicaría al territorio de Andalucía, a toda la comunidad autónoma, y en el caso de Extremadura, a la provincia de Badajoz. Como es evidente, han sido muchas las provincias, incluso comunidades autónomas las que hemos manifestado nuestra inquietud para que podamos entrar en el reparto de esas ayudas porque también hemos tenido zonas con importantes daños”.
Además, conscientes de los daños que han producido tanto las lluvias persistentes como las inundaciones que se han producido, bien por el efecto de la lluvia, bien por los desembalses realizados, la Consejería va a realizar una flexibilización en la que, por causa de fuerza mayor, “se podrá determinar un área de producción sin producción. Es una cuestión técnica, que es considerar con una nomenclatura concreta, una parcela para que no tenga afección en la PAC y no se le apliquen las cuestiones de condicionalidad, ni los porcentajes determinados a tal respecto”. También se va a dar más libertad también para poder hacer los cambios en las parcelas “para que, el agricultor que lo determine pueda hacer una distinción diferente de lo declarado inicialmente hasta lo que vaya a llevar a término en el desarrollo de su actividad para que no afecte en las medidas y ayudas agroambientales”.
En cuanto a la ganadería, “también vamos a procurar que las ayudas tengan su correspondiente flexibilización, en este caso no vinculada tanto a las borrascas padecidas, aunque también, pero sí por la influencia que ha tenido la lengua azul en nuestro territorio, ya que tienen unas determinadas ayudas que tienen que cumplir unos mínimos, tanto en producción de leche como de corderos, que vamos a flexibilizar para no tener en cuenta esas producciones mínimas y que también puedan acceder a las ayudas determinadas”.
Y, por último, también considerando como causa de fuerza mayor, “queremos actuar en aquellas parcelas en las que se han producido daños por fauna cinegética. No solo lo circunscribimos a conejos, sino también a la repercusión que hayan podido tener tanto jabalíes, ciervos u otra fauna también de ese mismo tamaño”.
Aunque, principalmente pensando en la problemática que en algunos municipios están produciendo los conejos, “se va a flexibilizar en esa doble vía: haciendo una declaración por causa de fuerza mayor, que identifique que ha sufrido daños de conejos y que no está supeditado al cumplimiento de las normas establecidas para el cobro de la PAC, e incluso actuando en la eliminación de majanos que, aun estando considerados dentro del SIGPAC como elementos del paisaje, en coordinación con Desarrollo Sostenible se permitirá a los agricultores retirar esas zonas de refugio de los conejos para minimizar las consecuencias que pueda tener el desarrollo de los mismos en las propias parcelas”.