El Gobierno de Castilla-La Mancha reforzará en 2026 su red pública de discapacidad con la puesta en marcha de 16 nuevos recursos especializados y más de 150 plazas adicionales, una ampliación que consolida el crecimiento del sistema regional de apoyos.
Así lo ha avanzado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, este lunes durante la firma del protocolo de microcredenciales universitarias dirigido a profesionales del Tercer Sector, una iniciativa estratégica orientada a fortalecer la cualificación técnica de quienes sostienen los servicios públicos en este ámbito, ha informado la Junta en nota de prensa.
García Torijano ha recordado que la región ya cuenta con 390 recursos especializados para personas con discapacidad, “con más de 15.600 plazas”, y ha explicado que “en este año vamos a poner en marcha 16 recursos nuevos: siete de atención temprana, seis viviendas y tres centros de día, con más de 150 plazas. Y todo ello tiene también que ir un paso más allá, que es esa profesionalidad de las personas que se empeñan en que en estos recursos públicos que ofrecemos a la ciudadanía sean de calidad”.
En el acto, celebrado en la Consejería, la titular de Bienestar Social ha estado acompañada por el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, José Julián Garde López-Brea; y por el gerente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Castilla-La Mancha), José Antonio Romero; quienes han destacado la importancia de consolidar una alianza estable entre la Administración, la Universidad y el Tercer Sector.
Microcredenciales universitarias
El protocolo firmado permitirá desarrollar en 2026 un programa de seis microcredenciales universitarias dirigidas a profesionales de entre 25 y 64 años que trabajen en entidades del Tercer Sector del ámbito de la discapacidad y en recursos sostenidos con financiación pública en Castilla-La Mancha, con financiación del Fondo Social Europeo.
Las microcredenciales forman parte de una estrategia de fortalecimiento estructural de la red regional de discapacidad, con la que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende consolidar su calidad, su sostenibilidad y su capacidad técnica a largo plazo. El objetivo es reforzar la preparación de los equipos y de las entidades para responder a un entorno cada vez más exigente en términos normativos, organizativos y de garantía de derechos.
La iniciativa es fruto del trabajo conjunto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con la Universidad de Castilla-La Mancha y CERMI, consolidando una alianza estable entre Administración, Universidad y entidades sociales.