La Comisión Ejecutiva Regional del Programa de Fomento de Empleo Agrario (Profea) ha aprobado este miércoles la distribución de fondos correspondientes al Plan de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas para 2026, que ascienden a más de 12,2 millones de euros y permitirán la contratación de más de 2.000 trabajadores en cerca de 300 ayuntamientos de la región.
La reunión ha contado con la participación del delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, junto a representantes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE); la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Tesorería General de la Seguridad Social, organizaciones agrarias como ASAJA y UPA; los sindicatos CCOO y UGT; la patronal Cecam y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha.
El acuerdo adoptado establece que la distribución de los fondos se realiza atendiendo a criterios objetivos, transparentes y equitativos, para garantizar así una asignación ajustada a la realidad del empleo agrario en cada territorio.
Distribución por provincias
La distribución propuesta de los fondos y personal otorga 3,2 millones a la provincia de Albacete y 543 contratos subvencionados, 5,1 millones a Ciudad Real y 867 contratos, 1,7 millones a Cuenca y 294 contratos, 23.680 euros a Guadalajara y cuatro contratos, y 2,1 millones a la provincia de Toledo y 355 contratos subvencionados.
Según los datos analizados en la comisión, el paro agrario en Castilla-La Mancha ha experimentado un descenso «significativo» en los últimos años, con una reducción superior al 62 por ciento desde 2018, lo que refleja una evolución positiva y sostenida del empleo en el sector.
Paro agrario
De esta manera, la Delegación ha destacado el esfuerzo inversor del Gobierno de España a través del SEPE, que ha permitido reforzar el impacto del programa en Castilla-La Mancha, de modo que en los últimos años la inversión por persona desempleada agraria se ha más que triplicado y ha pasado de 769,08 euros en 2018 a más de 2.600 euros en 2026, lo que evidencia el compromiso con el empleo y el desarrollo rural.
Este incremento de recursos ha contribuido a mejorar la calidad del empleo generado, con la financiación de los costes salariales y de Seguridad Social de los trabajadores contratados por los ayuntamientos.