El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el de España, ambos ejecutivos que integra el Partido Socialista, por lo que Emiliano García-Page, presidente regional, se ha preguntado cuántos políticos de la comunidad autónoma antepondrían los intereses del territorio a los de su partido.
«Yo no sé cuántos políticos hay en Castilla-La Mancha y otras regiones estarían dispuestos a poner los intereses de su tierra por delante de su partido», ha subrayado en su visita al CAD de la Asociación de Daño Cerebral de CLM, en Talavera.
Un recurso que presenta la Junta de Castilla-La Mancha para ser «coherente» con lo que viene defendiendo en agua, y es que el retraso para poner en marcha las nuevas reglas del trasvase Tajo-Segura ya se viene dilatando desde febrero de 2024 y el Gobierno de Castilla-La Mancha ha estado esperando «más de un año» para poner este recurso, para que así se cumplan también con las cinco sentencias que dictó el Tribunal Supremo.
De hecho, ha asegurado que hay muchos juristas que entenderían este no cumplimiento de las sentencias como un «delito ecológico», puesto que según el argumentario con el que escrimen el recurso detallan el daño que hace esta demora en los espacios protegidos de la Red Natura 2000.
Que las pusieran en marcha supondría «un desahogo», por lo que estarían dispuestos a «retirar el pleito», pero Page ha subrayado que siempre pondrán por delante «el interés de la gente».
En este sentido, el presidente ha recordado el daño que hicieron los recortes en la región, pero ha asegurado que si vienen de nuevo mal dadas van a «blindar hasta las últimas consecuencias el sistema sanitario y social» de la región.
Así, ha vuelto a criticar que en las medidas que se han implementado para paliar los efectos de la guerra los paguen las comunidades autónomas «sin que nos hayan consultado». Lo ha cifrado en 30 millones de euros al mes, puesto que «seis de cada 10» medidas corren a cargo del presupuesto que va a las regiones.
Esta semana se han cumplido 47 años de funcionamiento del trasvase, un periodo en el que se ha enviado agua que equivaldría al consumo de 63 millones de viviendas.
