El portavoz municipal, Juanjo Alcalde, ha explicado que el equipo de gobierno, PP y Vox, sigue negociando internamente la aprobación de la ordenaza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una normativa clave para evitar consecuencias económicas importantes en forma de pérdida de subvenciones al transporte público.
A preguntas de los medios en una rueda de prensa donde ha dado cuenta de los asuntos adoptados en la Junta de Gobierno local, Alcalde ha reconocido que la situación ya tiene impacto directo en las cuentas municipales: «De momento nos han quitado parte de la subvención del transporte del año pasado», ha señalado, cuantificando el perjuicio en torno a los 700.000 euros.
El portavoz ha detallado que no se trata de una pérdida total, pero sí de fondos condicionados: “Son unos 700.000 euros, parte del dinero no nos lo han descontado ya”, ha explicado, en referencia a la necesidad de justificar la ayuda para poder recuperarla. Asimismo, ha advertido de que existe otra partida económica que también se encuentra en el aire.
«Creo que son 300 y pico mil euros, es como que te lo abonan en dos partes», ha indicado, apuntando a que esa cantidad sigue pendiente de resolución.
En este contexto, Alcalde ha vinculado directamente la aprobación de la ordenanza con la continuidad de las ayudas estatales. «Si el Ministerio acepta la prórroga, ya no habría que devolver nada», ha afirmado, aludiendo a la posibilidad de que el Gobierno central amplíe los plazos a los municipios que aún no han podido adaptarse.
Negociaciones con Vox para sacar adelante la ZBE
Paralelamente, ha subrayado que el desbloqueo de la normativa depende del acuerdo político interno. «Estamos trabajando con nuestro socio de gobierno para sacarla adelante», ha señalado, insistiendo en que la falta de consenso llevó a su rechazo en pleno.
«La llevamos a pleno y la rechazaron todos los grupos políticos menos el Partido Popular», ha recordado.
Alcalde ha defendido que las conversaciones entre los socios de gobierno continúan para «perfilar lo que sea necesario» y poder aprobar la ordenanza cuanto antes, con el objetivo de evitar un mayor impacto económico para el Ayuntamiento.
