El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas para la contratación de seguros agrarios, que este año se ha incrementado en 1,5 millones hasta alcanzar los 12 millones de euros, cantidad récord en esta partida.
Así lo ha adelantado la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, quien ha reconocido la importancia que está teniendo los seguros agrarios para el sector primario de la región por las cada vez más presentes amenazas por el cambio climático. En palabras de Padilla, este incremento refleja que “esa política ya no es accesoria, es estructural para la viabilidad de muchas explotaciones en la región. La crisis climática impacta directamente en nuestras cosechas, en la renta agraria y en la seguridad de muchas familias”.
Para dar respuesta a esta demanda de los agricultores, el ejecutivo va a publicar esta semana la nueva convocatoria de ayudas “para facilitar a los agricultores y ganaderos la posibilidad de proteger su explotación y su trabajo frente a pérdidas que muchas veces serían imposibles asumir por sí solos”. Además, ha recordado, el agricultor recibe esta ayuda en el mismo momento de la suscripción del seguro, “algo que no ocurría en convocatorias antiguas de hace años en nuestra región, en la que estaban obligados a adelantar el dinero”.
Para la portavoz de Ejecutivo, lo más importante de estas ayudas es que “nuestros productores se sienten más protegidos y con más confianza para invertir, porque saben que van a tener una red de protección con estos seguros y con la ayuda, evidentemente, que el Gobierno les presta para formalizar esos seguros”.
Gracias a esta campaña, más de 23.000 profesionales del campo podrán beneficiarse de estas ayudas de concesión directa, una herramienta estratégica para proteger el tejido agrario y la seguridad alimentaria.
La portavoz ha insistido en la evolución de las ayudas para los seguros agrarios, y ha destacado que “con esta convocatoria, la inversión acumulada desde 2015 alcanza los 82 millones de euros, lo que supone un crecimiento superior al 186%, evidenciando un compromiso sostenido y creciente”. El esfuerzo que se está haciendo, ha recordado, es inmenso, “en 2015, con el anterior gobierno del PP, eran 4,5 millones lo que se destinaba a estas ayudas; nosotros hemos ido incrementando de una manera muy notable hasta llegar este año a los 12 millones, que es el triple de lo que nos encontramos cuando llegamos al gobierno”.
“Un cambio de 180° respecto al Partido Popular, que redujo a la mitad el presupuesto destinado a esta importante medida y además obligó a los agricultores y ganaderos a adelantar el dinero para formalizar el seguro y solo cobraban después”, ha aseverado.
Padilla ha recordado cómo 2025 ha sido uno de los años más duros de la última década, con más de 332.000 hectáreas siniestradas, lo que confirma que el seguro agrario ya no es opcional, sino estructural. Las indemnizaciones han superado los 101 millones de euros, un 19% más que el año anterior, con el pedrisco como principal factor de riesgo (74 % del total).
En lo que va de legislatura, las indemnizaciones abonadas rondan los 373 millones de euros, consolidándose como el principal mecanismo de respuesta ante crisis climáticas.
En definitiva, para la portavoz del Gobierno, “los datos dejan una conclusión muy clara, y es que el seguro agrario no es una opción secundaria, sino que es una herramienta básica para la estabilidad del sector primario en nuestra en nuestra región”.
Por ello, ha reiterado, “este gobierno, cuando detecta que se incrementan los riesgos, actúa con el incremento de ayudas y de presupuestos”. “Cuando se aumentan esos riesgos, lo irresponsable es negar que existe el cambio climático y que existen sus consecuencias. Y lo responsable es, evidentemente, aumentar la protección y es lo que hace este gobierno”, ha concluido.
Sanidad animal en la caza
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un decreto que regula la formación en sanidad animal e higiene en la caza, con el objetivo de mejorar la seguridad, la calidad y la profesionalización de este sector. “Damos un paso adelante para ordenar mejor una actividad muy presente en nuestra región, muy arraigada en la cultura de nuestros pueblos y con un importante peso en la economía”, ha señalado la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla.
La caza representa el 1,7% del PIB regional, genera alrededor de 600 millones de euros anuales y da lugar a 14.000 empleos directos e indirectos. En este contexto, Padilla ha subrayado que el decreto “cumple con los compromisos adquiridos en el Pacto por la Caza y refuerza el respaldo institucional a una actividad estratégica para el medio rural”, porque garantiza más formación, profesionalización y oportunidades. “Y es uno de los pocos asuntos que quedaban por completar de ese acuerdo”, ha añadido la portavoz al respecto.
En la práctica, la norma establece que las personas que participan en la actividad cinegética deberán contar con una formación específica en sanidad e higiene, lo que permitirá desarrollar esta actividad con mayor conocimiento y responsabilidad, especialmente en aspectos relacionados con la sanidad animal, la higiene, la manipulación y el transporte. De este modo, se impartirán cursos de 28 horas para mejorar el conocimiento de las especies y se abordarán normas adecuadas para la manipulación, el transporte, la evisceración y la gestión de los productos.
“Estamos hablando, por tanto, de proteger la salud pública desde el origen, de garantizar que la carne de caza llegue en las mejores condiciones sanitarias desde el campo hasta el consumo”, ha destacado la portavoz, quien ha añadido que la medida también favorecerá el aprovechamiento sostenible, el control de determinadas especies o el equilibrio de nuestros ecosistemas.
En palabras de Padilla, “Castilla-La Mancha se consolida, así, como referente en el sector”, y avanza hacia un modelo de caza más moderno, profesional y alineado con las demandas actuales de la sociedad.