Las largas jornadas en el campo, los salarios recortados y el silencio obligado de quienes no tienen papeles han acabado este martes en una condena. Un empresario agrícola de Bolaños de Calatrava J.G.F.S., de nacionalidad ecuatoriana, ha aceptado dos años de prisión por explotar a once inmigrantes en situación irregular en distintas campañas agrícolas entre 2021 y 2022, en un caso que irrumpe en pleno debate nacional sobre la regularización de migrantes y su impacto en la protección frente a abusos laborales.
El acuerdo de conformidad se ha alcanzado minutos antes del inicio del juicio previsto en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, después de que la Fiscalía haya rebajado su petición inicial de cuatro a dos años de cárcel, una pena que no implicará su ingreso en prisión al carecer el acusado de antecedentes.
Los hechos que ha reconocido el empresario dibujan un escenario de condiciones laborales abusivas en el campo, con jornadas de entre once y doce horas diarias, sin descanso semanal y con salarios en torno a 40 euros al día. En algunos casos, los trabajadores ni siquiera percibían el sueldo, mientras que en otros se les descontaban gastos como el transporte a las fincas o el alojamiento.
Todos ellos eran inmigrantes en situación irregular, muchos llegados a España en patera, que terminaron trabajando para la mercantil Agroservicios Dumisan en campañas como la cebolla, el pimiento, la vendimia o la aceituna, sin contrato ni alta en la Seguridad Social.
El caso pone de relieve cómo la falta de papeles incrementa la vulnerabilidad de estos trabajadores, que difícilmente pueden denunciar abusos por miedo a represalias o a su situación administrativa, lo que facilita que empleadores sin escrúpulos puedan aprovecharse de ellos.
Este escenario coincide con el debate abierto en España tras el impulso la pasada semana de iniciativas para la regularización de migrantes. Mientras hay sectores que rechazan estas medidas, otros sostienen que permitirían precisamente reducir este tipo de situaciones, al dotar a estas personas de derechos laborales y protección frente a la explotación.
