Agustín Yanel
Las informaciones que están difundiendo los medios de comunicación sobre los juicios del caso Kitchen y el caso mascarillas -este, también conocido como caso Ábalos o caso Koldo– son una buena prueba de la polarización que padece el periodismo; y, en diferentes cabeceras, también de falta de imparcialidad. Un mal que daña a la profesión, pero también al derecho constitucional a la información que tiene la ciudadanía y, por ello, a la calidad de la democracia. Quienes estén siguiendo esas noticias por varios medios pensarán que hay periodistas que, aunque asisten al mismo juicio, parece que han estado en dos distintos.
El refranero, tan acertado siempre, dice: Cada uno habla de la feria según como le va en ella. Traducido a estos juicios, se puede decir que cada medio informa sobre ellos influido por la visión personal del periodista, no puede ser de otra manera, pero, en buena parte de ellos, también según los intereses de la empresa.
Cada medio tiene derecho a mantener la línea editorial que quiera y, por ello, da más importancia o menos a cada noticia y la presenta más o menos destacada. Pero ningún periodista ni ningún medio tiene derecho a manipular una información ni, como están haciendo algunos con estos juicios, a dar por probadas afirmaciones que hace algún acusado sin aportar una mínima prueba de que sean ciertas.
Una operación policial para destruir pruebas que pudieran afectar a Mariano Rajoy
Los dos juicios son sobre asuntos muy graves. En el caso Kitchen, que se ve en la Audiencia Nacional y afecta al anterior Gobierno del PP, se juzga a Jorge Fernández, que fue ministro del Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy; Francisco Martínez Vázquez, secretario de Estado de Seguridad en aquella época; cinco jefes de distintos departamentos policiales y el chófer del extesorero del partido Luis Bárcenas. Se les acusa de participar en una operación policial para intentar localizar y destruir las pruebas sobre la caja B del PP que tuviera Bárcenas y pudieran afectar a Rajoy y otros dirigentes del partido.
En el caso mascarillas, que juzga el Tribunal Supremo, se sientan en banquillo el exministro de Transportes y número dos del PSOE, José Luis Ábalos; su hombre de confianza, Koldo García, y el empresario y comisionista Víctor de Aldama. El fiscal les acusa de cobrar comisiones millonarias durante la pandemia del coronavirus por amañar contratos para adjudicar la compra de mascarillas.
El comisionista y delincuente confeso Víctor de Aldama -él ha reconocido haber participado en esas actividades delictivas- quedó en libertad provisional el 22 de noviembre de 2024, tras permanecer solamente un mes y medio en prisión provisional acusado de un presunto fraude de 182 millones de euros en el sector de hidrocarburos, por el que aún no ha sido juzgado. Dijo que iba a colaborar con la Justicia y, desde entonces, se ha paseado por los platós de las televisiones y por otros medios de comunicación vertiendo todo tipo de acusaciones contra distintas personas, incluido el presidente Pedro Sánchez y el PSOE, pero sin aportar ninguna prueba. En el juicio ha dado un paso más y ha dicho que el presidente del Gobierno era el número uno de la «trama criminal organizada» en la que Ábalos era el número dos, Koldo el número tres y él mismo en número cuatro.
Cualquier periodista que cubra el juicio y escuche esas acusaciones debe reflejarlas en su crónica, pero para que su relato sea completo convendría que explicara que quien lo dice es un delincuente confeso que no ha aportado ninguna prueba.
Algunos medios dan por probadas acusaciones de Aldama aunque no aportó pruebas
Ha habido televisiones privadas -no la pública TVE- que algunos días han dedicado días 20 minutos de un informativo de media hora al juicio de las mascarillas y las acusaciones de Víctor de Aldama, y solo un par de minutos al del caso Kitchen, Y algunos periódicos han titulado sus crónicas a toda página dando ya por probado que lo que ha declarado ese comisionista es la prueba definitiva que demuestra la corrupción de Pedro Sánchez, el Gobierno y el PSOE. ¿Para qué esperar a la sentencia?
Esa es la misma estrategia que aplica el Partido Popular. Cada vez que un periódico publica alguna noticia negativa para el presidente, el Gobierno o los socialistas, tanto el secretario general del partido, Miguel Tellado, como la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, convocan a los periodistas y hacen declaraciones en las que dan por buenas las acusaciones, proclaman que la corrupción afecta de lleno al Gobierno y piden, una y otra vez, la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones. Y también lo hacen Alberto Núñez Feijóo y otros dirigentes.
La Justicia dirá, en su momento, si Pedro Sánchez o el Gobierno tienen alguna responsabilidad en el caso mascarillas o si todo se limita a quienes se sientan en el banquillo. Por respeto a la presunción de inocencia, los políticos deberían ser más prudentes. Por respeto a la presunción de inocencia, los políticos deberían ser más prudentes y dejar que las sentencias las dicten los jueces. Y los medios de comunicación deberían tener siempre presente que practicando un periodismo de trincheras, tan frecuente en la actualidad, no realizan la función social que tienen encomendada como mediadores que son para que se cumpla correctamente el derecho a la información de la ciudadanía.