Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado la Proposición no de Ley del PSOE que insta al Gobierno regional para que pida al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a trasladar «de forma inmediata las seis sentencias del Tribunal Supremo a la normativa que regula la cuenca del Tajo y las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura».
La aprobación de esta PNL coincide este jueves con la decisión del Tribunal Supremo, que ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo aprobada por Real Decreto 35/2023.
La mayoría socialista ha sacado adelante esta propuesta no legislativa, en la que el PP se ha abstenido y Vox ha votado en contra, que además insta a todos los grupos políticos en las Cortes de Castilla-La Mancha a defender los intereses hídricos de la región.
Expresan los socialistas su apoyo al nuevo enfoque a la política hidrológica de los planes de cuenca, que implica la modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura para garantizar el caudal ecológico del río Tajo, incrementar el caudal a su paso por Aranjuez y Talavera de la Reina, aumentar el volumen límite de existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía, y rebajar los volúmenes de los trasvases.
PSOE: «Es un día histórico»
El diputado del PSOE Ángel Tomás Godoy ha calificado de «histórico» este día para Castilla-La Mancha, reconociendo el trabajo «no solo del Gobierno de Emiliano García-Page, de toda la sociedad civil de Castilla-La Mancha y de toda la ciudadanía».
Para el socialista «es absolutamente inaudito» que PP y Vox «ni siquiera se alegren de una sentencia de beneficio a esta tierra»
«Esta sentencia viene porque hemos puesto recursos. Ustedes (el PP) no pusieron ni un solo recurso contra la acción del Gobierno central, ni uno solo», ha manifestado Godoy.
Por ello, ha pedido al PP que pidan «fuerte y claro» al Levante y a Murcia que Castilla-La Mancha «necesita agua», afirmando que esta sentencia «no es una guerra política, sino el cumplimiento de la ley».
«Enorme alcance» de la sentencia
Por su lado, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha defendido que «es una sentencia que emite una doctrina de enorme alcance, no solo técnico, sino también político».
«Nos permite y avala al Gobierno de Castilla-La Mancha precisamente en lo que viene defendiendo desde los últimos años. Era realmente una situación que estaba dilapidando la oportunidad que tenía el territorio de Castilla-La Mancha para defender sus intereses», ha asegurado.
PP pide reactivar pacto regional
Por su lado, el diputado del PP Santiago Lucas-Torres ha visto positivo que se ganen sentencias y que se ejecuten. Sin embargo, ha rechazado que, a pesar de las decisiones judiciales, el agua pase por Aranjuez y por Talavera de la Reina y que luego «la utilicen los regantes de Portugal», lamentado que «en Castilla-La Mancha los agricultores no puedan regar».
Lucas-Torres ha exigido que se «reactive de verdad» el Pacto Regional por el Agua, «un pacto firmado por decenas de entidades, por organizaciones agrarias y por colectivos» de la región y que sigue «guardado en un cajón».
Vox pide ordenar el debate
Por su parte, el diputado de Vox Francisco José Cobo ha pedido «ordenar bien este debate» porque están «mezclando conceptos técnicos, jurídicos y políticos».
Precisando que Castilla-La Mancha tiene «una capacidad de embalsamiento de más de 6.900 hectómetros cúbicos», con «problemas y restricciones año tras año», ha abogado por «almacenar, saber regular e interconectar para poder absorber esos desequilibrios».
«El problema no solo es que falten presas o que sobre agua en unos sitios y falte en otros. El problema es que el sistema no está concebido como un conjunto integrado capaz de adaptarse a la variabilidad del recurso», ha explicado el diputado de Vox.
No salen adelante las proposiciones del tren por la ausencia de un diputado socialista
Un empate a 16 votos ha provocado que no se haya aprobado ninguna propuesta de las presentadas por los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla-La Mancha para la integración de Tomelloso (Ciudad Real) en la red ferroviaria estatal.
Cada uno de los tres grupos había presentado su propia propuesta de resolución, pero mientras la del grupo parlamentario Vox ha sido rechazada por 28 votos, las dos de PSOE y PP no han prosperado al producirse un empate a 16, en dos votaciones consecutivas para cada una de ellas, ante la ausencia de un diputado de la bancada socialista.
Durante el debate general celebrado este jueves en el parlamento autonómico, los tres grupos han coincidido en la importancia de recuperar la conexión ferroviaria que tanto Tomelloso como Argamasilla de Alba, que suman más de 43.000 habitantes, tuvieron hasta 1985, y han cruzado acusaciones sobre la falta de actuaciones y las promesas incumplidas de las otras partes.
El diputado socialista Francisco Barato ha incidido en que todos estaban de acuerdo en la necesidad de reclamar esa conexión ferroviaria, y ha instado a los otros dos grupos a firmar una propuesta de resolución conjunta en la que se ratificase el acuerdo alcanzado por unanimidad en el Ayuntamiento de Tomelloso por las tres fuerzas políticas que también cuentan con representación en las Cortes, que no ha recibido respuesta.
Asimismo, ha defendido que el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ya trasladó al Ministerio de Transportes hace seis meses la reivindicación de la integración ferroviaria de Tomelloso, y por ello la propuesta que han presentado pedía «seguir impulsando los estudios y actuaciones necesarias para definir, planificar y proyectar la integración ferroviaria de Tomelloso bajo la propuesta realizada o bajo cualquier otra propuesta alternativa de trazado que se considere más viable».
Por su parte, el diputado del grupo parlamentario popular, Ignacio Redondo, ha subrayado que la propuesta que ellos han presentado incluye la necesidad de acometer esta actuación con carácter de urgencia, a la vez que ha hecho hincapié en que, aunque las competencias ferroviarias son del Gobierno central, la Junta de Comunidades sí que puede «impulsar estudios propios, reservar suelo, coordinar ayuntamientos, liderar la planificación territorial, buscar financiación europea, ejercer presión institucional ante el Ministerio y, si el Estado no actúa, activar las competencias autonómicas que le reconoce el propio Estatuto de Autonomía».
El diputado de Vox, Luis Blázquez, ha acusado por su parte a los otros dos partidos de no haber actuado cuando han estado en los gobierno del país y de la región, ha afirmado que el problema de esta línea de tren no es técnico sino político, y ha argumentado que su partido está de acuerdo con el proyecto «pero no por razones de dogmatismo climático, sino porque mejora la competitividad».