Agustín Yanel
Desde que se supo que un juez ha citado a declarar como investigado a José Luis Rodríguez Zapatero, en el caso Plus Ultra, dirigentes del PP y de Vox ya le han condenado. Y también muchos medios de comunicación, periodistas, analistas y politólogos en tertulias. Porque decir que el juez le imputa cuatro delitos, algo que no hace en su escrito, lleva implícita una carga acusatoria que le presenta como implicado en un caso de corrupción para beneficiarse. Hay políticos que enarbolan la presunción de inocencia que ampara la Constitución cuando beneficia a los suyos, pero no la respetan y la utilizan como arma política cuando afecta a su adversario.
La Justicia dirá finalmente si el ex presidente del Gobierno es culpable o no de alguno de los posibles delitos que investiga el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Esta compañía recibió del Gobierno un préstamo de 53 millones de euros en marzo de 2021, como otras, para evitar su cierre y la pérdida de miles de puestos de trabajo por la crisis que sufrieron todas las líneas aéreas como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Pero hay quienes, sin esperar ni siquiera a que Zapatero declare por vez primera en ese sumario, ya han dictado sentencia condenatoria.
Un golpe duro y doloroso para el PSOE
La citación a Zapatero para que declare como investigado ha centrado el debate político durante toda la semana última, ha hecho olvidar los malos resultados del PSOE en las recientes elecciones en Andalucía y que se hable poco de lo que va a exigir Vox al presidente en funciones Juan Manuel Moreno Bonilla para apoyarle en su investidura y quizá para entrar en el futuro gobierno autonómico. Para el PSOE es un golpe duro y doloroso, que ha caído como una bomba tanto en el partido como en el Gobierno. Porque Zapatero no es un socialista más ni un presidente más, es un referente moral para los socialistas, como se ha visto en todos los mítines en los que ha participado en las elecciones autonómicas en varias comunidades.
El juez Calama, cuya profesionalidad y seriedad está sobradamente probada, ha dictado un auto de citación a declarar y de entrada y registro excesivamente extenso. No suele ocurrir que, para adoptar una decisión como esa, un magistrado dedique 85 folios a exponer un relato pormenorizado de lo que ha investigado la policía. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha entregado al juez dos informes, de 158 y 186 páginas, en los que sitúa a Zapatero al frente de una red organizada de tráfico de influencias que presuntamente participó en el rescate de la compañía aérea citada, y que se habría beneficiado a través de la empresa de sus dos hijas.
El expresidente del Gobierno sabrá defenderse como considere, con su abogado. Esta columna no pretende defenderle ni acusarle, pero hay que decir que en el escrito del juez no aparece ninguna conversación en primera persona de Zapatero de la que pueda deducirse que participó en una conducta delictiva: todo son conversaciones de terceras personas que decían que había que hablar con él para que influyera en la concesión del préstamo a Plus Ultra y en otros asuntos. ¿Zapatero llegó a hacerlo? ¿Se limitó a influir legalmente para acelerar algún asunto y a cobrar también legalmente por realizar unos informes o actuó en su condición de ex presidente para sacar provecho económico de manera ilícita?
Todo eso es lo que tiene que investigar el juez, en un proceso que previsiblemente se prolongará durante varios años. Y José Luis Rodríguez Zapatero tiene que dar muchas explicaciones para que se sepa si, como él ha dicho, nunca ha actuado de manera ilícita o, como sostiene la UDEF, era la cabeza de una red corrupta de tráfico de influencias.
Feijóo acusa sin pruebas también a Pedro Sánchez y el Gobierno
Zapatero está citado el día 2 de junio para declarar ante el juez como investigado. Sin esperar a esa fecha, para ver si sus explicaciones son convincentes o no, Alberto Núñez Feijóo, otros dirigentes del PP y Santiago Abascal y otros miembros de Vox ya han dado por probado que el ex vicepresidente ha cometido varios delitos, con la imprescindible ayuda de Pedro Sánchez. Feijóo lo ha dicho en el Congreso, dirigiéndose al presidente del Gobierno: «Sin su Consejo de Ministros, Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos ni Santos Cerdán. Ni su entorno. Ni nadie». Hay que recordar que José Luis Ábalos ha sido juzgado en un sumario y está pendiente de sentencia y Santos Cerdán está acusado, pero aún no ha sido juzgado. Dar ya por probado que Zapatero ha cometido delitos y mezclarle con esos dos ex cargos del PSOE demuestra un uso partidista de la Justicia que en el Partido Popular no es nuevo. Y que el partido que quiere gobernar España no debería hacer.
El líder del PP ha repetido esa acusación sin pruebas después, en el congreso de su partido en Baleares: «Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la Presidencia del Gobierno». Santiago Abascal, como acostumbra, ha ido más lejos y ha dicho que pedirá al juez el ingreso en prisión provisional de Zapatero y que llame a declarar a Pedro Sánchez y a todos los ministros que participaron en la decisión de que la SEPI concediera el préstamo a Plus Ultra. Conviene aclarar que ese préstamo fue concedido porque, según las normas adoptadas durante la COVID, esa empresa cumplía los requisitos exigidos, lo mismo que otra media docena de aerolíneas que recibieron en total 890 millones de euros. Y tanto un juzgado de Madrid como la Comisión Europea, el tribunal de Cuentas y otros órganos avalaron la legalidad de ese préstamo.
La investigación al ex vicepresidente está en una primera fase, en la que el juez quiere esclarecer si se confirman los indicios de que Zapatero tenga relación con una actividad delictiva, y por eso le ha citado como investigado. Pero como el periodismo de barricadas está de moda, lamentablemente, ha habido titulares como Cazado el comisionista internacional Zapatero o Zapatero lideró una trama criminal, por citar solo dos, que ya dan por probadas acusaciones tan graves como esas sobre las que solo la Justicia pronunciarse.
Sin quitar gravedad a este asunto, hay que pedir a todos los políticos, de uno u otro signo ideológico, que respeten siempre la presunción de inocencia, que critiquen las decisiones judiciales cuando proceda pero sin acusar sin pruebas de lawfare, esa palabra inglesa tan de moda para definir a un juez cuando dicta sus resoluciones como arma política contra una persona o partido. Y que actúen siempre con sentido común y sin polarizar con su sobreactuación una vida política ya demasiado polarizada.