La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha concentrado este viernes a las puertas de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha (Toledo) para denunciar la situación que padece este colectivo de empleados públicos de la Administración General del Estado dentro de una jornada en la que se ha consumado un nuevo paro parcial.
Tras la movilización nacional llevada a cabo el pasado 6 de mayo y la concentración regional efectuada el 13 de mayo, CSIF mantiene un calendario de movilizaciones que proseguirá el próximo 8 de junio con una huelga general.
CSIF reclama aumento de plantilla y mejores condiciones laborales en la Agencia Tributaria
Reivindicaciones de los trabajadores
En plena campaña de la Renta, CSIF denuncia «el bloqueo en materia de condiciones laborales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), como la implantación de la carrera profesional (desde 2019 no aplica este derecho con la pérdida retributiva correspondiente y a pesar del acuerdo firmado por la Central Sindical en 2024 con la AEAT en la que se comprometió a revisar este derecho), regulación del teletrabajo o que el personal del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) sea considerado profesión de riesgo».
Asimismo, CSIF también advierte sobre una plantilla «insuficiente incapaz de hacer frente a todos los procesos que requiere la Agencia Tributaria». La AEAT cuenta en Castilla-La Mancha con 841 trabajadores (136 en Albacete; 153 en Ciudad Real; 74 en Cuenca; 75 en Guadalajara y 403 en Toledo).
Sofía Molina, presidenta del Sector de Administración General del Estado de CSIF Castilla-La Mancha, explica que “la sobrecarga de trabajo es insostenible y el personal se encuentra completamente agotado para afrontar los numerosos procedimientos que gestiona la Agencia Tributaria. Estas movilizaciones se producen en plena campaña de la declaración de la renta con el objetivo de visibilizar esta situación, pidiendo disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes ocasionados, pero subrayando que es el momento de poner sobre la mesa el incumplimiento reiterado de compromisos como el teletrabajo, la carrera profesional o el reconocimiento del personal de vigilancia aduanera como colectivo de riesgo, a pesar de la peligrosidad de sus funciones en la lucha contra el contrabando, el narcotráfico y el blanqueo de capitales”.
