El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el proyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la región, una normativa que pretende actualizar la legislación, incluyendo nuevos eventos que no recogía la anterior norma, como es el caso de las conocidas como raves, las cuales el Ejecutivo no pretende perseguir con esta ley, sino que quiere que se hagan cumpliendo con las normas como el resto de espectáculos.
«No se trata de ser más rígidos con las raves. Tiene que hacer alguien que se haga responsable y a la hora de pedir una autorización cumpla con todos los requisitos, queremos regular el desarrollo de espectáculos en espacios abiertos, no nos negamos a que las haya, pero tiene que haber un organizador, una persona física o jurídica, que cumpla con los requisitos para el desarrollo de espectáculos públicos», ha explicdo el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.
La nueva normativa regula 11 tipos de actividades recreativas y 8 de espectáculos públicos y, en otras cuestiones que se tienen que cumplir con respecto a las raves es regular el acceso a menores o los requisitos del personal que controla el acceso a este tipo de actividades.
El objetivo de esta norma, que ha sido consensuada con los sectores implicados, es el de reforzar la seguridad, la convivencia y modernizar el sector.
Así, la norma se adapta a los cambios que se han producido en el sector y da respuesta al vacío legal que existía en relación con los espectáculos y actividades que se desarrollan en espacios abiertos, como es el caso de las raves.
El tercer objetivo al que se ha referido es la adecuación de la norma a los procesos de digitalización y simplificación administrativa impulsados, facilitando la tramitación electrónica, reduciendo cargas burocráticas y reforzando la coordinación entre la Junta y los ayuntamientos. Esto es, que la región “cuente con un instrumento legislativo idóneo para regular de una manera más eficaz, transparente y segura un sector transversal con otras materias, en el que los municipios ejercen competencias propias”.
Un proyecto consensuado con los sectores implicados
El consejero ha señalado que el texto que hoy se ha aprobado en el Consejo de Gobierno “nace del consenso con todos los actores implicados”. Esto es, en su tramitación se han mantenido reuniones con la Federación Regional de Empresarios de la Hostelería de Castilla-La Mancha, así como con la Federación Española de Municipios y Provincias de la región (FEMP).
El texto ha sido “revisado y aprobado” por el Consejo Regional de Diálogo Social, por la Comisión Regional de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha y por el Consejo Regional de Municipios.
Más novedades de la ley
En estos mismos términos, Ruiz Molina ha continuado su intervención haciendo mención a las principales novedades que incorpora la norma, entre las que ha destacado “la ampliación de su objeto” para regular las condiciones y requisitos de los espectáculos públicos y actividades recreativas que se desarrollen en espacios abiertos.
El proyecto de ley, ha continuado, fomenta la “participación y el diálogo” de los sectores implicados, mediante la regulación de la Comisión regional de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Castilla-La Mancha como órgano de cooperación y participación entre administraciones públicas competentes y sectores sociales implicados en la materia.
Asimismo, el consejero ha indicado que la ley incluye una “regulación más detallada del control de acceso”, estableciendo requisitos específicos de formación y habilitación para el personal que desempeñe estas funciones. La habilitación será expedida por la Junta tras superar las pruebas que se determinen reglamentariamente, con el objetivo de incrementar la profesionalidad y la seguridad.
En materia de intervención administrativa, Ruiz Molina ha indicado que la ley mantiene, con carácter general, que los espectáculos y actividades recreativas se regirán por el “sistema de declaración responsable previa”, lo que permitirá reducir “cargas burocráticas y agilizar trámites”. Además, se reserva “la autorización administrativa previa” para aquellos supuestos en los que concurran razones de seguridad, orden público, salud pública o protección medioambiental.
Otro de los aspectos relevantes es la incorporación de un Plan de Inspección, bianual, que fije “los objetivos y prioridades” a ejecutar por los órganos autonómicos y locales competentes, así como el procedimiento sancionador y la actualización de las cuantías de las sanciones.
