Amnistía Internacional ha reclamado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que inicie la declaración de zonas tensionadas, amplíe la vivienda social y garantice alternativas habitacionales ante los desahucios para garantizar el derecho a la vivienda frente a la crisis que afecta a miles de personas en la comunidad autónoma.
En una nota de prensa de este miércoles, la organización ha informado de que ha enviado una carta al consejero de Fomento, Nacho Hernando, solicitándole una reunión en la que abordar que los gastos asociados a la vivienda «deben ser soportables y no impedir el disfrute de otros derechos humanos como la alimentación, la salud o la educación», algo que no ocurre actualmente, ha insistido.
Amnistía Internacional ha criticado que el gobierno de Emiliano García-Page «sigue sin utilizar una de las principales herramientas previstas en la Ley por el Derecho a la Vivienda para contener el precio del alquiler y proteger a las personas inquilinas»: la declaración de zonas tensionadas, pese al fuerte incremento del precio de los alquileres en los últimos años.
En este sentido han recordado que ellos pidieron la declaración en 2024 y que algunos ayuntamientos como el de Cuenca o el de Azuqueca de Henares (Guadalajara) han impulsado iniciativas para solicitar esta declaración al detectar riesgos de insuficiencia de vivienda asequible para la población residente y un importante incremento de los precios del alquiler. Las solicitudes las tiene que aprobar la Junta.
Amnistía Internacional ve «especialmente preocupante» esta situación en una comunidad que registra un nivel de pobreza y exclusión social del 34%, una de las mayores tasas de riesgo de España.
«En un contexto de elevada pobreza y dificultades crecientes para acceder a una vivienda, las administraciones públicas no pueden limitarse a observar la evolución del mercado. Deben activar mecanismos para contener los precios cuando sea necesario, garantizar alquileres asequibles y reforzar la protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad», ha defendido la responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional Castilla-La Mancha.
Amnistía critica la falta de vivienda social
Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana aportados por la organización, el parque social de alquiler representa en España apenas el 1,71% del total de viviendas, frente a una media cercana al 9% en la Unión Europea. En Castilla-La Mancha, de las más de 1.340.000 viviendas existentes, solo unas 22.400 tienen carácter de vivienda social, lo que supone el 1,66% del total.
Por eso, Amnistía Internacional ha reclamado el incremento de forma sostenida del parque público y social de vivienda para ofrecer una alternativa real a aquellas personas y familias que no pueden acceder a una vivienda adecuada a través del mercado privado.
Por último, también ha defendido «que ninguna persona o familia en situación de vulnerabilidad debería sufrir un desalojo de su vivienda sin una alternativa habitacional adecuada», citando el desalojo de dos hermanos previsto para este jueves en el barrio del Polígono, en Toledo.
«El derecho a la vivienda no puede depender exclusivamente de las reglas del mercado. Las autoridades tienen la obligación de adoptar medidas concretas para garantizar que todas las personas puedan acceder y mantener una vivienda adecuada en condiciones asequibles», ha concluido la organización.
