La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en España un entramado vinculado al Tren de Aragua, una organización criminal nacida en Venezuela que ha extendido sus actividades por distintos países y cuyo nombre está relacionado con delitos de especial violencia.
La operación se ha saldado con cinco detenidos, uno de ellos en Ciudad Real, y con el ingreso en prisión de cuatro de los arrestados. Los investigadores atribuyen al grupo robos con violencia en viviendas, tráfico de drogas, detenciones ilegales, lesiones y tenencia ilícita de armas.
El Tren de Aragua surgió como una banda carcelaria en el estado venezolano de Aragua y posteriormente se convirtió en una organización criminal transnacional. Su expansión se ha producido mediante grupos que desarrollan diferentes negocios delictivos, entre ellos el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, la trata de personas, el blanqueo de capitales y los robos.
En este caso, la investigación comenzó en enero de 2026 después de un violento asalto cometido en una vivienda situada en una urbanización de lujo de una localidad próxima a León.
Los autores se apoderaron de relojes y joyas exclusivas valoradas en más de 100.000 euros, además de 10.000 euros en efectivo. Durante el asalto utilizaron un arma de fuego y actuaron con especial violencia e intimidación contra los moradores de la casa, entre los que se encontraban menores de edad.
Los asaltantes también intentaron realizar repetidas transferencias bancarias desde los teléfonos móviles de las víctimas, aunque no consiguieron completar las operaciones.
Estudiaban previamente a sus víctimas
Las pesquisas permitieron determinar que los miembros del grupo habían reservado días antes varios alojamientos en el entorno de León, desde donde supuestamente realizaron un estudio previo de las personas seleccionadas.
La organización elegía como objetivos a personas con un elevado poder adquisitivo y vigilaba sus movimientos y rutinas antes de ejecutar los asaltos.
Los sospechosos abordaban a las víctimas en las inmediaciones de sus domicilios y las obligaban a entrar en las viviendas. Una vez dentro, las amordazaban y ataban de pies y manos con bridas y cinta adhesiva.
Posteriormente, las coaccionaban y amenazaban con armas de fuego para conseguir dinero, joyas y otros objetos de valor.
Para dificultar su identificación, los miembros del entramado empleaban pasamontañas, vehículos previamente sustraídos y placas de matrícula falsificadas. Los coches utilizados durante los robos eran posteriormente calcinados para tratar de eliminar posibles pruebas.
Medio kilo de cocaína rosa
Una vez identificados los presuntos integrantes de la organización, la Guardia Civil y la Policía Nacional desplegaron un dispositivo conjunto que culminó con seis registros domiciliarios.
Tres de ellos se practicaron en Madrid y los restantes en Tenerife, Ibiza y Orense, lugares en los que, según la investigación, se encontraban asentados los miembros del grupo.
Los agentes se incautaron de numerosos teléfonos móviles empleados para coordinar su actividad, prendas de interés para la investigación, 50 cartuchos de arma corta, más de 5.700 euros en efectivo y placas de matrícula falsas.
También localizaron más de 500 gramos de cocaína rosa, conocida como tusi, 182 gramos de MDMA, más de un centenar de pastillas de esta sustancia listas para su distribución, un kilo de sustancia de corte y distintos utensilios utilizados presuntamente para elaborar droga.
La documentación intervenida durante los registros mostraría, según los investigadores, que los robos estaban planificados con antelación y que los integrantes de la red realizaban estudios previos de las viviendas y de sus moradores.
Un detenido en Ciudad Real
La operación concluyó con cinco detenciones practicadas en Ciudad Real, Ibiza, Tenerife, Madrid y Orense.
A los arrestados se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, robo con violencia e intimidación en vivienda, tenencia ilícita de armas, lesiones, daños, detención ilegal, robo o hurto de vehículos y delitos contra la salud pública.
Tras pasar a disposición de la autoridad judicial, se decretó el ingreso en prisión de cuatro de los cinco detenidos.