El uso de una radial y un soldador durante una jornada de peligro muy alto de incendios habría provocado el fuego forestal que el pasado 5 de julio quemó 28,5 hectáreas en Cabezarrubias del Puerto, en la provincia de Ciudad Real.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha investigado a dos personas como supuestas autoras de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, después de determinar que las llamas se iniciaron mientras realizaban trabajos en un inmueble situado en el medio natural.
El incendio se declaró en el paraje de La Cabañuela, dentro del término municipal de Cabezarrubias del Puerto. Según las conclusiones de la investigación policial, el origen del fuego estuvo directamente relacionado con la utilización de herramientas capaces de producir chispas, concretamente una radial y un soldador.
Los trabajos, además, se habrían realizado sin contar con la autorización necesaria de la Administración competente y en una jornada en la que el Índice de Propagación Potencial (IPP) se encontraba en nivel muy alto.
Las llamas afectaron a una superficie de 28,5 hectáreas de monte bajo, retama y pastos. El incendio pudo darse por extinguido ese mismo 5 de julio, alrededor de las 17.00 horas, tras la intervención del dispositivo encargado de combatir el fuego.
La Guardia Civil ha recordado que Castilla-La Mancha se encuentra actualmente, y hasta el próximo 31 de agosto, dentro de la denominada época de peligro extremo de incendios forestales, de acuerdo con lo recogido en la Orden 76/2026, de 26 de mayo.
Durante este periodo, marcado por las altas temperaturas, la ausencia de precipitaciones y la presencia de vegetación seca, una chispa provocada por una herramienta o una máquina puede convertirse rápidamente en el origen de un incendio de grandes dimensiones.
La normativa establece la prohibición de utilizar en terrenos forestales y en una franja de seguridad de 400 metros alrededor de ellos cualquier maquinaria, equipo o herramienta cuyo funcionamiento pueda generar deflagraciones, chispas o descargas eléctricas.
El empleo de estos equipos durante periodos de alto riesgo sin disponer de la correspondiente autorización excepcional puede acarrear elevadas sanciones administrativas, además de derivar en responsabilidades penales.
En este sentido, el delito de incendio forestal puede estar castigado con penas de entre uno y cinco años de prisión, en función de las circunstancias y de los daños ocasionados.
El instituto armado ha realizado un llamamiento a la responsabilidad durante las próximas semanas para evitar actividades que puedan desencadenar nuevos incendios forestales. Las diligencias instruidas por el Seprona han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puertollano.
