El pleno de la Diputación de Toledo ha aprobado por unanimidad un nuevo contrato de carreteras de más de 225 millones de euros para los próximos 20 años.
De otro lado, la Cuenta General de 2025 ha reflejado 160,1 millones de euros de fondos líquidos y un resultado económico-patrimonial positivo de 46,35 millones, mientras el informe del segundo trimestre de 2026 ha confirmado el cumplimiento de las reglas fiscales, tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa.
Mantenimiento de más de 950 kilómetros de carreteras
En materia de carreteras, la Diputación de Toledo ha dado continuidad a la tramitación del que está considerado el mayor contrato de su historia, con una inversión superior a 223 millones de euros durante los próximos veinte años.
La nueva concesión permitirá garantizar la conservación, mantenimiento, explotación y mejora de los 957 kilómetros de la red provincial, integrada por 116 carreteras y cinco caminos vecinales.
La portavoz provincial, Soledad de Frutos, ha destacado la dimensión de una actuación que, según ha señalado, «permite planificar durante 20 años la conservación y modernización de toda la red provincial, con una inversión superior a 225 millones de euros y con el objetivo fundamental de tener carreteras más seguras, mejor conservadas y que garanticen la movilidad y la cohesión territorial».
El contrato contempla además la redacción y financiación de los proyectos y la ejecución de las obras necesarias para mejorar la red viaria, con un periodo de ocho años previsto para la ejecución de las inversiones.
La actuación se dividirá en tres zonas geográficas: la Zona 1, correspondiente a la comarca de Talavera, con 414,255 kilómetros; la Zona 2, que comprende La Sagra y Ocaña, con 232,895 kilómetros; y la Zona 3, correspondiente a la comarca de Toledo, con 309,862 kilómetros. La inversión prevista asciende a 225,67 millones de euros, distribuidos en tres lotes, uno por cada zona.
El modelo establece que el concesionario asuma la financiación de los proyectos y obras, así como la conservación, mantenimiento y explotación de las carreteras, vinculando su retribución al cumplimiento de determinados índices de calidad.
En este sentido, la portavoz provincial ha subrayado que el modelo permitirá a la Diputación afrontar «una inversión de esta dimensión» incorporando financiación privada y evitando asumir un endeudamiento que considera inasumible, al tiempo que se mantiene el control de la prestación.
Con este sistema, la Diputación busca garantizar una inversión permanente en la red provincial y mejorar la seguridad, conservación y calidad de las carreteras sin asumir un endeudamiento que considera inasumible, incorporando financiación privada y asegurando el control de la prestación mediante indicadores de calidad.
El Pleno ha aprobado el inicio del expediente de licitación y la autorización de los límites de financiación plurianual necesarios para desarrollar un contrato de estas características.
Los anteproyectos de construcción y explotación de las tres zonas, que fijan las actuaciones de inversión inicial, conservación y explotación, fueron aprobados definitivamente por el Pleno en noviembre de 2025.
Ordenanza reguladora de mayores
En el ámbito social, el Pleno ha sometido a aprobación inicial la Ordenanza Reguladora del Consejo Provincial de Personas Mayores de la provincia de Toledo, con la que la Diputación sigue avanzando en incorporar de forma directa la voz de las personas mayores a las políticas provinciales y que ha sido aprobada por unanimidad.
El nuevo Consejo Provincial de Personas Mayores de la provincia de Toledo se ha configurado como un órgano consultivo y participativo que tendrá como finalidad canalizar la participación y colaboración de este colectivo en la planificación, desarrollo y evaluación de los servicios y programas que le afectan directamente.
La portavoz provincial ha puesto el acento en la voluntad de que este nuevo órgano permita que las personas mayores tengan un papel activo en las decisiones que les afectan.
También ha previsto su participación en cuestiones relacionadas con la salud, el transporte, el envejecimiento activo, el asociacionismo y otras materias de competencia provincial. El Consejo contará con representación de asociaciones y federaciones de personas mayores, entidades sin ánimo de lucro que atienden a este colectivo, representantes de los grupos políticos y personal técnico de la Diputación. Además, incorporará a expertos cuando las circunstancias lo requieran.
La aprobación inicial abre ahora un periodo de información pública de 30 días hábiles para que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias. Si no se presentaran, la Ordenanza quedará definitivamente aprobada sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.
Postura del PSOE
La portavoz del Grupo Socialista, Tita García Élez, ha destacado la envergadura de un contrato que afectará a cerca de 1.000 kilómetros de la red provincial, concretamente a 116 carreteras locales y cinco caminos vecinales, y que permitirá reforzar su conservación, mantenimiento y mejora.
García Élez ha puesto en valor «el trabajo realizado por el personal técnico del área de Infraestructuras de la Diputación para establecer las prioridades en función del estado de las diferentes vías», tal y como ha informado el PSOE en nota de prensa.
En este sentido, ha incidido en que «las inversiones no pueden dilatarse en el tiempo» y ha destacado que el propio contrato contempla que las actuaciones de nueva construcción y mejora, más allá de las labores de mantenimiento y conservación, se desarrollen durante sus primeros ocho años. La portavoz socialista ha defendido que las inversiones destinadas a mejorar las comunicaciones de los municipios «siempre contarán con el apoyo del
No obstante, el Grupo Socialista no ha respaldado las prórrogas transitorias de los actuales servicios correspondientes a las zonas 1 y 3.
Por otro lado, el Grupo Socialista también ha mostrado su apoyo a la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del Consejo Provincial de Personas Mayores de la Diputación de Toledo.
García Élez ha trasladado la «mano tendida» del Grupo Socialista para trabajar junto al Gobierno provincial en el desarrollo del nuevo órgano y realizar aportaciones durante su tramitación, especialmente en aquellos aspectos que todavía deben concretarse, como su composición y representación. Los y las socialistas plantearán, además, una rápida puesta en funcionamiento y que el nuevo órgano tenga una actividad efectiva.
