Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha ha reclamado a la Junta que haga un «esfuerzo» y acoja a menores migrantes procedentes de Ceuta si así se requiere en algún momento, si bien el gobierno autonómico ha contestado que para que esto sea posible requiere financiación del Gobierno de España.
Este miércoles, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, el secretario general de CCOO en la región, Javier Ortega, ha instado al Gobierno de Emiliano García-Page a ser «solidario en el desarrollo del derecho internacional» con el objetivo de que, si es necesario, colabore con el acogimiento de los cerca de 1.500 menores que permanecen en Ceuta desde el inicio de la crisis migratoria en la ciudad autónoma hace ya un mes.
Sin embargo, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en una entrevista en la Cadena SER hace unos días, advirtió de que el sistema de protección de menores de la comunidad autónoma está al límite y avisó de que la región no cuenta con capacidad para asumir nuevas llegadas: «En estos momentos, nuestro sistema no lo soporta más», dijo.
«Las dificultades tendrán que superarse»
Aunque Ortega ha dicho entender que la situación es compleja, «las dificultades logísticas tendrán que superarse», y ha confiado en que el gobierno regional lo hará.
Los medios de comunicación han preguntado por estas declaraciones a la consejera-portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, quien ha repetido el habitual discurso del Ejecutivo cuando se tiene que enfrentar a estas problemáticas: que la región es solidaria, pero que necesita recursos económicos para dar cabida a esos niños y niñas.
En este sentido ha defendido que el modelo de acogida que marca la Unión Europea –el que sigue la Junta– «no permite almacenar niños y niñas con camastros. Hay que atenderlos con unas condiciones dignas, garantizando la educación, la sanidad y la atención psicológica.»
Para cumplir con ello, ha continuado Padilla, se requieren recursos que no se pueden garantizar de forma infinita. «Se necesitan espacios, los niños no pueden dormir solos, se necesita personal las 24 horas…», ha seguido, por lo que, aunque la competencia de atender a esos menores es de las comunidades autónomas, es el Ministerio de Migraciones el que tiene que otorgar las partidas presupuestarias necesarias para que los gobiernos regionales puedan llevar a cabo ese cometido.
