El Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) ha aprobado por mayoría la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad, un modelo que sale adelante gracias a la unión de PP y Vox y que «no será restrictivo ni sancionador».
De ello ha informado este viernes en una nota de prensa el Consistorio tras dar luz verde el pleno del mes de septiembre a esta iniciativa en la que el PSOE se ha abstenido.
La concejala de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, ha celebrado que con esta aprobación se culmina la tramitación administrativa y se da cumplimiento a la normativa vigente en esta materia. Eso sí, se hace después de que en abril sea retirara por no cumplir el plazo de información pública y varios años después del plazo inicial -1 de enero de 2023, fecha que se fue aplazando- para que los municipios de más de 50.000 habitantes la pusieran en marcha.
Será restrictiva y sancionadora «cuando haya contaminación»
La edil ha defendido que el modelo diseñado para Talavera «está adaptado a la realidad de la ciudad y pensado para los talaveranos, apostando por una implantación proporcionada y alejada de modelos restrictivos aplicados en otros municipios».
En este sentido, ha recalcado que la entrada en vigor de la ordenanza «no supondrá restricciones a la circulación de vehículos ni la imposición de sanciones por acceder a la Zona de Bajas Emisiones».
El Ayuntamiento apuesta así por un modelo que permite avanzar en movilidad sostenible y calidad ambiental, «cumpliendo con las obligaciones establecidas, pero sin perjudicar la movilidad cotidiana de vecinos, comerciantes y visitantes».
Las restricciones y sanciones que plantea Zona de Bajas Emisiones se aplicarán si se dan «situaciones objetivas de contaminación», ha explicado el gobierno municipal, si bien no ha concretado cuáles son esos supuestos.
Vox Talavera, a favor de la iniciativa
Por su parte, el portavoz del grupo municipal Vox, David Moreno, ha ensalzado que «esta ordenanza se ha diseñado buscando que sea operativa, proporcional y adaptada a Talavera, sin trasladar automáticamente modelos pensados para grandes ciudades» y que «el objetivo es mejorar la calidad del aire y disponer de una herramienta que permita actuar cuando los datos indiquen que es necesario».
«Debemos proteger también a quienes viven y trabajan en el centro, a nuestros comerciantes, autónomos y familias, y de quienes necesitan utilizar su vehículo en sus desplazamientos diarios», ha dicho el representante de un partido que en otras ciudades de Castilla-La Mancha, como Toledo, se niega a aprobar la Zona de Bajas Emisiones.
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Ratificada la suspensión de las licencias de biometano
Por otro lado, el pleno ha ratificado por unanimidad la suspensión cautelar de licencias de plantas de biometano y su remisión para publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para cumplir el procedimiento administrativo iniciado el 7 de agosto y aprobado en el pleno del 19 de agosto; según ha recogido la Agencia EFE.
El portavoz municipal, Jesús García-Barroso, ha explicado que la tramitación se está desarrollando conforme a los pasos establecidos desde el inicio del expediente: “una cosa es la expresión de una posición política por parte de los grupos municipales y otra la tramitación formal de un expediente de modificación del POM y la adopción de medidas como la suspensión de licencias, que requieren el cumplimiento de un procedimiento reglado y garantista», ha señalado.
Sin embargo, el portavoz socialista, José Gutiérrez, ha acusado al alcalde de mentir diciendo que las licencias de biometano ya estaban suspendidas desde el 7 de agosto y ha preguntado por qué ha sido necesario votar de nuevo una cuestión que estaba resuelta.
Declaración institucional de apoyo a Ceuta
Por otro lado, el pleno ha mostrado su apoyo a Ceuta a través de una declaración institucional que presentó el PP y que han respaldado todos los grupos municipales en defensa de la seguridad, la integridad territorial y la solidaridad europea.
La corporación ha pedido al Gobierno garantizar una dirección y coordinación única y eficaz de todos los recursos estatales que intervienen en situaciones de emergencia fronteriza, así como reforzar de forma permanente los medios humanos, materiales, tecnológicos y de infraestructura destinados a la vigilancia y protección de la frontera de Ceuta.
Asimismo, reclama la aplicación efectiva de los procedimientos de retorno, devolución o expulsión que legalmente correspondan y solicita el refuerzo inmediato de los servicios públicos estatales desplegados en Ceuta, especialmente en los ámbitos de seguridad, justicia, extranjería, protección de menores, sanidad y atención social.
La declaración contempla igualmente la necesidad de un plan específico de apoyo y reactivación económica para Ceuta que permita compensar los efectos derivados de la situación.
