El Gobierno de Castilla-La Mancha atiende a 82.700 personas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que cuenta con cerca de 124.000 prestaciones y servicios activos y una amplia experiencia en distintas políticas de autonomía, proximidad y permanencia en el entorno que ahora adquieren un peso renovado en la legislación estatal.
Lo ha detallado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García-Torijano, en una nota de prensa, en la que la Junta ha detallado que en 2015, cuando Emiliano García-Page se convirtió en presidente, había 34.688 personas beneficiarias y 47.160 prestaciones. Así, el crecimiento supone 48.020 personas beneficiarias más y un incremento de las prestaciones superior al 162%.
Torijano ha dado a conocer estos datos en la inauguración del seminario Tecnodependencia Castilla-La Mancha ‘Tecnología al Servicio del Bienestar’, celebrado en Alcázar de San Juan, coincidiendo con el 20º aniversario de la ley de dependencia regional y apenas dos días después de que el Congreso de los Diputados haya concluido definitivamente la tramitación de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad.
La consejera ha puesto en valor estos 20 años de progreso de la ley de Castilla-La Mancha, marcados, ha señalado, por “mucho trabajo” y “mucha apuesta política” para conseguir que este derecho pudiera desarrollarse con garantías en la comunidad autónoma. En este contexto, ha considerado que la reforma aprobada confirma que Castilla-La Mancha “va por el buen camino”, ya que varias de las iniciativas que incorpora el nuevo texto cuentan con recorrido previo en la región.
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Una reforma que Castilla-La Mancha valora positivamente
La titular de Bienestar Social ha trasladado la valoración positiva del Gobierno regional sobre una reforma que introduce cambios relevantes tanto en el sistema de dependencia como en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad.
Entre las modificaciones previstas se encuentran la reducción de seis a tres meses del plazo máximo para resolver el reconocimiento de dependencia; el refuerzo de la teleasistencia como derecho; la ampliación de la ayuda a domicilio hacia el entorno comunitario; una nueva regulación de la asistencia personal; la incorporación de los productos de apoyo al catálogo del SAAD; una mayor compatibilidad entre servicios y prestaciones y el refuerzo del principio de corresponsabilidad financiera entre administraciones.
“Desde Castilla-La Mancha apoyamos este avance de derechos y vamos a colaborar activamente en su desarrollo”, ha afirmado García Torijano, quien ha considerado especialmente relevante que el nuevo marco avance también en una reivindicación mantenida por la Comunidad Autónoma en relación con la financiación del sistema, de tal forma que se sustente en una relación 50-50 entre Estado y región. Hasta ahora, es Castilla-La Mancha quien asume casi tres cuartas partes de la financiación del sistema.
La consejera ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha “venía trabajando y luchando” por alcanzar esa corresponsabilidad financiera del 50 por ciento, al considerar que permitirá a las comunidades autónomas disponer de mayores posibilidades para desarrollar sus políticas y ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.
Castilla-La Mancha “no parte de cero”
García Torijano ha incidido en que algunos de los principios hacia los que evoluciona el modelo estatal cuentan ya con un importante recorrido en Castilla-La Mancha. “Muchas de las líneas que ahora refuerza la legislación estatal no son nuevas para Castilla-La Mancha. Llevamos años trabajando en esa dirección y eso supone también un reconocimiento al camino que se ha venido recorriendo en nuestra región”, ha afirmado.
Entre ellas se encuentra el Servicio Público de Teleasistencia, que en Castilla-La Mancha tiene carácter público, universal y gratuito. Los últimos datos sitúan el servicio por encima de las 88.100 personas beneficiarias, con presencia en el 93 por ciento de los municipios y cobertura para más del 99 por ciento de la población regional.
La región dispone asimismo de un Servicio Público de Productos de Apoyo, gratuito y en régimen de préstamo, que cuenta con más de 5.000 personas usuarias y alrededor de 7.600 productos activos para favorecer la autonomía y facilitar los cuidados en el domicilio.
A ello se suma la red de Viviendas de Mayores, especialmente implantada en el medio rural, con 174 recursos y 1.720 plazas. El Gobierno regional ha precisado que estos recursos no son jurídicamente equivalentes al nuevo servicio de cuidados y apoyos en viviendas previsto en la reforma estatal, aunque comparten una misma orientación hacia la proximidad, la convivencia, la autonomía y la permanencia de las personas en su entorno.
El presupuesto regional destinado a dependencia alcanza en 2026 los 692,2 millones de euros, 320 millones más que en 2015 y un incremento del 86 por ciento.
Junto a la expansión del sistema, Castilla-La Mancha registra un tiempo medio de resolución de 165 días, frente a los 302 días de media estatal en el último corte empleado por la Consejería.