«Ni privatizado ni derivado: aborto en la pública». Con esta reivindicación volverá a salir a la calle el movimiento feminista de Castilla-La Mancha el próximo domingo, 27 de septiembre, para exigir que la interrupción voluntaria del embarazo deje de depender prácticamente por completo de centros privados y se incorpore de forma efectiva a la red del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
La Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha ha convocado una movilización a las 12.30 horas en Alcázar de San Juan bajo el lema «Abortar es un derecho y la sanidad pública debe garantizarlo».
Las organizaciones denuncian que las mujeres de la región que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo tienen que ser actualmente derivadas fuera de la red sanitaria pública, un modelo que, a su juicio, genera diferencias en función del lugar de residencia, la situación económica o las circunstancias personales.
Y los datos oficiales muestran el enorme peso que sigue teniendo la sanidad privada. Según las estadísticas definitivas del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2024, el 99,95% de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en Castilla-La Mancha se practicaron en centros privados y apenas un 0,05% en centros públicos.
La plataforma sostiene además que alrededor del 60% de las mujeres que han decidido abortar en Castilla-La Mancha durante los últimos 15 años han tenido que desplazarse fuera de la comunidad autónoma.
Especialmente preocupante, según las convocantes, es la situación de quienes viven en zonas rurales o tienen mayores dificultades para desplazarse, ausentarse del trabajo o disponer de una persona que pueda acompañarlas.
«Las dificultades que genera este modelo afectan especialmente a las mujeres que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad», advierten.
Una unidad que consideran insuficiente
La movilización llega después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha anunciara este año que trabaja para que uno de los hospitales públicos de la región cuente con una unidad capaz de practicar interrupciones voluntarias del embarazo.
La Junta precisó posteriormente que no se trataría de un centro exclusivo para abortos y apuntó además que «probablemente» podrían existir más unidades hospitalarias públicas en el futuro.
Para la plataforma, sin embargo, ese primer paso resulta insuficiente.
«Un único centro para toda Castilla-La Mancha no garantiza el acceso efectivo y en condiciones de igualdad», sostiene, antes de reclamar una red integrada en el Sescam que permita acceder a esta prestación en todas las provincias y áreas sanitarias.
Por ello, pedirá al Gobierno regional que concrete qué hospitales prestarán el servicio, cuándo comenzarán a hacerlo, con qué profesionales y recursos y de qué manera se garantizará la cobertura territorial.
Objeción de conciencia y profesionales
Otro de los asuntos que estará presente en la protesta será la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, una de las cuestiones que durante años ha condicionado la implantación de esta prestación en la red pública castellanomanchega.
Castilla-La Mancha cuenta desde 2025 con un nuevo registro de profesionales objetores de conciencia en materia de interrupción voluntaria del embarazo. La Junta ha argumentado también que necesita contar con un número mínimo de profesionales disponibles para poder organizar una unidad hospitalaria.
La plataforma sostiene, por contra, que existen sanitarios dispuestos a realizar estas intervenciones y defiende que la objeción «es un derecho individual de los profesionales, no una objeción de los servicios, unidades o centros sanitarios».
La convocatoria del domingo reclamará también transparencia sobre los recursos disponibles, las derivaciones y los profesionales objetores, además de protección para pacientes y trabajadores frente a posibles situaciones de acoso o intimidación en los centros donde se realicen estas intervenciones.
La reivindicación final de las organizaciones pasa por un calendario público de implantación, profesionales suficientes y una red pública de IVE en todas las provincias que, según defienden, permita que el lugar de residencia o la capacidad para desplazarse no condicionen el acceso a esta prestación sanitaria.
