UGT ha presentado hoy en Toledo las Oficinas de Asesoramiento en Vivienda puestas en marcha por el sindicato, un servicio al que -ya de manera presencial u online- los afiliados y afiliadas pueden recurrir para recibir información, mediación y defensa jurídica en materia de alquileres, hipotecas, cooperativas y ayudas públicas.
La iniciativa -que próximamente se materializará en Castilla-La Mancha en una oficina de atención al público- se enmarca dentro del Espacio de Vivienda Digna que surgió en el seno del sindicato tras el último Congreso confederal y del que hoy también se ha dado cuenta en una rueda de prensa celebrada en Toledo.
«Una de cada tres personas tiene miedo a no poder pagar el alquiler o la hipoteca»
En ella, acompañado por Arantxa Mejías, de la Oficina de Asesoramiento de Vivienda, y por Isabel Carrascosa, secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, el responsable de Vivienda de UGT a nivel confederal, Rubén Ranz, ponía de manifiesto que los estudios llevados a cabo por el sindicato indican que actualmente una de cada tres personas en este país tiene miedo a no poder pagar el alquiler o la hipoteca. “La crisis habitacional ya no es un problema únicamente del mercado inmobiliario, es un problema estructural que tiene mucho que ver con los salarios de las personas trabajadoras”.
En este sentido alertaba de que en España, mientras que el precio de la vivienda ha subido un 77% en los últimos 10 años, los salarios han crecido un 22%, circunstancia que hace que ahora una persona trabajadora necesite dedicar más del 40% de su salario durante una media de 45 años para poder comprar una vivienda. Rubén Ranz hacía mención también a la realidad de Castilla-La Mancha, donde las personas trabajadoras con categorías salariales bajas deben dedicar entre el 50 y el 60% de sus salarios netos para poder hacer frente a una hipoteca.
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Que en Castilla-La Mancha también se declaren zonas tensionadas
Por todo ello, el responsable confederal de Vivienda instaba a que en Castilla-La Mancha también se declaren zonas tensionadas y a que se ponga en marcha en las comunidades autónomas un recurso que considera fundamental: el servicio de mediación residencial, una herramienta que sirve para canalizar los problemas del alquiler y de las hipotecas sin necesidad de acudir a la vía judicial.
“Estamos llevando la lucha por la vivienda digna a las empresas -a través de nuestro boletín informativo Radar Vivienda-; también hemos presentado una denuncia al Defensor del Pueblo para exigir a las comunidades que cumplan con la Ley de Vivienda, e igualmente hemos denunciado en Consumo y en el Ministerio de Vivienda los anuncios de infraviviendas que vemos en plataformas digitales como Idealista”. Rubén Ranz recalcaba, además, la importancia de que el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva incluya cláusulas en materia de vivienda, tal y como propone UGT, para que en el cálculo de las retribuciones se tenga en cuenta lo que cuesta acceder a un alquiler o a una hipoteca.
Afirmaba que de todo esto va también la huelga convocada para el 11 de noviembre ya que “trabajar tiene que servir para poder vivir dignamente”.
Por su parte, Arantxa Mejías, de la Oficina de Asesoramiento de Vivienda, explicaba que estas oficinas están disponibles físicamente en Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza y con atención telemática para quienes viven en el resto de territorios. “Queremos que una persona afiliada tenga un lugar al que dirigirse cuando necesite aclarar un contrato, consultar una subida de un alquiler, preguntar por la devolución de una fianza, orientarse sobre ayudas o plantear un problema con su hipoteca”.
Isabel Carrascosa añadía que “la vivienda es un derecho al que debería tener posibilidad de acceder todas las personas, un derecho que se ha ido deteriorando, sobre todo, para las personas vulnerables, los jóvenes, las familias trabajadoras, las personas mayores…”
