El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la firma del convenio correspondiente al nivel acordado del Sistema de Atención a la Dependencia para 2026, dotado con 94,22 millones de euros y financiado a partes iguales por el Ejecutivo autonómico y el Gobierno de España. Cada administración aportará 47,11 millones de euros para contribuir a sostener los servicios y las prestaciones que reciben más de 83.000 personas en la región.
Así lo ha explicado la consejera portavoz, Esther Padilla, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha destacado la importancia de garantizar “la continuidad de los apoyos que estas personas necesitan para las actividades de la vida diaria, mantener su autonomía y recibir unos cuidados adaptados a sus circunstancias”.
La portavoz ha precisado que el convenio constituye una de las vías de financiación de la dependencia y no representa el conjunto de los recursos del sistema. Al nivel acordado se suman el nivel mínimo, financiado por el Estado, y los fondos propios adicionales que aporta la comunidad autónoma para sostener los servicios y las prestaciones. En este sentido, ha indicado que Castilla-La Mancha destina este año 692,2 millones de euros a la atención a la dependencia.
Padilla ha detallado que el convenio persigue tres objetivos: reducir las esperas, mejorar la calidad de los servicios y las condiciones laborales de las personas que trabajan en la atención a la dependencia.
Para agilizar el acceso a las prestaciones y los servicios, el acuerdo contempla la simplificación de los procedimientos y la incorporación de nuevas tecnologías a la tramitación de los expedientes.
En cuanto a la calidad de la atención, la consejera ha explicado que las actuaciones se orientan a ofrecer apoyos más personalizados, que tengan en cuenta “las necesidades, la voluntad y las preferencias de cada persona”. En este ámbito se incluye la teleasistencia avanzada, que la portavoz ha señalado como un derecho subjetivo. Este servicio permite ofrecer apoyo y seguimiento, prevenir situaciones de riesgo y facilitar la comunicación, de manera que las personas puedan permanecer en su domicilio durante más tiempo y con mayor tranquilidad. Asimismo, el convenio también contempla actuaciones de investigación e innovación para desarrollar nuevas formas de cuidado y apoyo a las personas en situación de dependencia.
El tercer objetivo se centra en las condiciones laborales de quienes prestan estos servicios. Padilla ha explicado que esta cuestión resulta fundamental tanto para las personas trabajadoras como para la calidad de la atención que reciben las personas en situación de dependencia. Entre las actuaciones previstas figuran la actualización de las cuantías destinadas al personal y el fortalecimiento de servicios como la ayuda a domicilio, que la portavoz ha destacado como una pieza clave del sistema.
Además, el acuerdo incorpora indicadores de evaluación para comprobar el cumplimiento de los objetivos y verificar que las actuaciones responden a las mejoras previstas.
Una financiación suficiente y estable
La consejera ha recordado que la aportación estatal al nivel acordado se recuperó en 2021, después de permanecer suspendida entre 2012 y 2020. Al mismo tiempo, ha insistido en la reclamación del Gobierno de Castilla-La Mancha de alcanzar un reparto equilibrado de la financiación global de la dependencia, de modo que el Estado y la Comunidad Autónoma asuman cada uno el 50% del conjunto del sistema.
“Las personas necesitan continuidad en sus cuidados”, ha sentenciado Padilla, quien ha defendido que las administraciones deben garantizar una financiación suficiente y estable para sostener esa atención.
Nuevo centro asistencial de personas TEA en Orgaz
En esta misma línea de cuidados, la consejera Portavoz ha anunciado la autorización de un gasto de 6,3 millones de euros que se destinarán al contrato de servicios para el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual y Trastorno del Espectro Autista en Orgaz, en la provincia de Toledo.
La finalidad de este nuevo recurso, como ha recordado la portavoz del Gobierno, es garantizar la atención integral y personalizada de estas personas, destacando como fundamental su desarrollo personal e inclusión en la comunidad, es decir, ofrecerles la atención y servicios necesarios para su desarrollo personal y social.
Padilla ha anunciado que el contrato contempla todos los servicios que precisen para su día a día en todos los ámbitos. Por un lado, actuaciones de atención residencial, tales como alojamiento, alimentación, apoyo en las actividades básicas de la vida diaria, apoyo en la toma de decisiones y apoyo en la participación en las actividades comunitarias. Pero también actuaciones imprescindibles para el adecuado funcionamiento del centro, como son los servicios asociados a la infraestructura, tales como la limpieza y la lavandería.
En palabras de la portavoz del Gobierno autonómico, “la atención a personas con discapacidad intelectual y autismo requiere entornos estructurados y predecibles, así como sistemas de comunicación alternativos para facilitarles la comprensión del entorno y también la expresión de sus necesidades y de sus preferencias”. Por eso, el nuevo centro “es de enorme importancia, de calado social, y nos hace sentir muy orgullosos, porque es un centro de referencia que se pondrá en marcha en los próximos meses”.
Además, por esa necesidad de atención tan integral, la responsable autonómica ha anunciado que contará con 58 profesionales de perfiles muy diferentes: del ámbito de la psicología, la terapia ocupacional, la medicina, la logopedia, la integración social, la enfermería, los cuidados y los servicios generales en el propio centro. “El objetivo es que las personas que residan en este centro puedan desarrollar su proyecto de vida con los apoyos adecuados, ejercer sus derechos y participar en su entorno”, ha concluido.
Carrera profesional sanitaria
Por otro lado, la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha informado de la remisión a las Cortes de Castilla-La Mancha del proyecto de ley de reactivación de la carrera profesional y de fidelización e incentivación del personal estatutario del SESCAM, con el objetivo de que pueda quedar aprobado el próximo mes de diciembre, antes de que finalice 2026.
Padilla ha explicado que el texto inicia su tramitación parlamentaria después de que el Consejo Consultivo haya emitido su informe sin plantear ninguna modificación esencial, por lo que se mantiene íntegramente en los términos remitidos por el Ejecutivo autonómico.
