Agustín Yanel
Si Alberto Núñez Feijóo y los dirigentes del Partido Popular dedicaran tanto tiempo a proponer medidas serias y realizables en beneficio de la ciudadanía como el que emplean en pedir dimisiones y repetir eslóganes y frases hechas, se comportarían como debe hacerlo un partido de derechas serio que aspire a gobernar España. Pero, bien al contrario, utilizan el accidente de trenes en Urda (Toledo) para intentar sacar rédito electoral y, además, asumen las posiciones ultraderechistas de Vox para evitar seguir perdiendo votos en favor de este partido.
El día 28 de octubre, tras el choque de un tren AVE a gran velocidad con otro de la compañía Iryo que estaba parado en la vía , el PP suspendió sus actos de precampaña electoral -como todos los partidos, excepto Vox- y Feijóo mantuvo una posición correcta de respeto a las víctimas y sus familias. Bien hecho. Al día siguiente, él y los demás dirigentes se lanzaron a pedir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, sin esperar siquiera a que se conociera algo sobre las causas de un accidente que causó 69 víctimas mortales y más de 200 personas heridas.
La dimisión de Óscar Puente sorprendió al PP
Seis días después, Óscar Puente compareció a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso. Tras cuatro horas de explicar los datos y de escuchar las críticas y peticiones de dimisión de casi todos los grupos parlamentarios, el entonces todavía ministro anunció que dimitía de ese cargo y renunciaba también a encabezar la candidatura del PSOE por Valladolid para las elecciones generales del 29 de noviembre. Ese anuncio sorprendió al PP y a otros partidos.
A la portavoz parlamentaria del PP y portavoz de su campaña electoral, Ester Muñoz, que no se caracteriza precisamente por su moderación y sensatez al realizar declaraciones, le faltó tiempo para lanzar la primera consigna. Minutos después de que él anunciara su dimisión, cuando ella salía de la comparecencia y fue preguntada por los periodistas, afirmó que esta dimisión «llega 116 muertes tarde». Con esa frase, que han venido repitiendo desde entonces ella y su partido, se refería a las 46 víctimas mortales que hubo en el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero de 2026, y las 69 en Urda, aunque suman 115. ¿Se le habría ocurrido a ella esa frase o la habrían preparado sus asesores en comunicación?
Pero, aunque Óscar Puente ha hecho lo que en el PP le pedían, dimitir, eso ya no les sirve. Tras sorprenderles una dimisión que no esperaban, empezaron con la cantinela que vienen repitiendo desde que Pedro Sánchez ocupa la Presidencia del Gobierno: que él también debe dimitir porque es quien nombró ministro a Óscar Puente, y antes a José Luis Ábalos, actualmente en la cárcel tras ser condenado por el Tribunal Supremo.
Cualquier hecho le sirve al PP para pedir que dimita Pedro Sánchez
Ahora piden la dimisión de Pedro Sánchez por los accidentes de trenes, antes la reclamaban por la entrada en Ceuta de más de 70.000 personas desde Marruecos, y en otras ocasiones por los más variados motivos. Con el historial que tiene el PP de dirigentes que no han dimitido aunque había motivos sobrados para que lo hicieran, resulta asquerosamente inmoral que se atrevan a pedir dimisiones. He aquí algunos ejemplos:
- El avión Yakovlev (conocido como Yak-42) se estrelló en Turquía en mayo de 2003, cuando regresaba a España de una misión en Afganistán y Kirguistán. Murieron los 62 militares españoles y 13 miembros de la tripulación que iban a bordo. No dimitió el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, que según la actual posición del PP con los accidentes de tren debería haber dejado el cargo por ser el responsable político. Tampoco fue sancionado ningún mando militar.
- Hace 13 años, un tren Alvia se estrelló cerca de Santiago de Compostela, cuando descarriló a 190 km/h en una curva donde la velocidad debía ser de 80 km/h como máximo. De las 224 personas que viajaban, incluida la tripulación, murieron 80 y el resto resultaron heridas. La entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, no dimitió ni fue cesada por Mariano Rajoy y tres años después ocupó la presidencia del Congreso de los Diputados.
Carlos Mazón se aferró durante un año al frente del Gobierno valenciano
- Hace dos años, el desbordamiento de ríos y barrancos en la Comunidad Valenciana causó 234 fallecidos y más de 2.600 heridos. También afectó, pero con mucha menos gravedad, a Castilla-La Mancha y Andalucía. El entonces presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, estuvo ilocalizable desde el mediodía hasta última hora de la tarde, cuando ya había habido personas ahogadas mientras él comía con una periodista en un restaurante. Durante un año se negó a dimitir y tampoco se lo pidió Alberto Núñez Feijóo, hasta que dejó el cargo por la presión de la ciudadanía y tras las innumerables contradicciones y mentiras en sus declaraciones para justificar su ausencia aquella tarde. Hoy continúa como diputado autonómico, aforado, mientras las familias de las víctimas piden que deje ese puesto y sea juzgado.
Se podrían citar otros casos, como las 7.291 personas que murieron durante la pandemia de la Covid-19 en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ordenó, en los llamados protocolos de la vergüenza, que no fueran trasladadas a hospitales las personas dependientes en estado grave, salvo las que tuvieran suscrito un seguro sanitario privado. Solo dimitió el entonces consejero de Sanidad, Alberto Reyero, que era de Ciudadanos, pero porque estaba en contra de esos protocolos y de la gestión que estaba realizando el Gobierno regional con las residencias.
Los dirigentes políticos serios deben controlar y criticar al Gobierno y a su presidente, porque es su obligación, por lo que hace mal o no hace. Pero esa crítica tienen que hacerla con fundamento, no sirven las declaraciones populistas, las frases más o menos llamativas buscando titulares ni aprovechar cualquier motivo para pedir dimisiones y más dimisiones. De tanto abusar de esta manera de actuar, la ciudadanía se dará cuenta de que no buscan beneficiar al interés general sino réditos electorales.