La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha presentado la Estrategia Contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha 2017-2020, en el que se dotará con más de 1.000 millones a la lucha contra la pobreza extrema, la exclusión social, la pobreza energética, o las dificultades en el acceso al empleo.
«La estrategia va a ser la herramienta para conseguir que los indicadores de riesgo de pobreza y de exclusión social retornen a niveles de 2011 y se sitúen por debajo de la media nacional de España», ha afirmado Sánchez.
[ze_summary text=»Serán 58 medidas concretas y relativas a la prevención y eficacia, la gobernanza y el plan de choque»]Serán 58 medidas concretas y relativas a la prevención y eficacia, la gobernanza y el plan de choque[/ze_summary]
En la presentación en el Palacio de Fuensalidad de Toledo, Sánchez ha estado acompañada por Braulio Carlés, presidente de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN CLM), organización que también ha participado en la elaboración y colaborarán en la ejecución de este plan. Ayer se presentó el informe «El Estado de la Pobreza», que en Castilla-La Mancha indica que el 37,7 por 100 de los castellano-amanchegos se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social.
Precisamente estos datos son los que se quieren mejorar con este plan, con dos objetivos fundamentales. Recuperar los datos que había en CLM antes de la crisis y establecer a la región por debajo de la media nacional.
En total se contará con 1.000 millones hasta el año 2020 que se coordinarán desde todas las consejerías de la región, ya que todas ellas junto con otras entidades externas son las que participan en este plan. Serán 58 medidas concretas y relativas a prevención y eficacia, gobernanza y del plan de choque, distribuidas en tres ejes de acción.
El Plan de Garantías, el buque insignia de las medidas «paliativas»
Según ha indicado la consejera, la estrategia contará con medidas «paliativas» dentro de un «plan de choque» que constituirá el primer eje y en el que se intentará evitar las situación en el que la pobreza se agudiza. Estas medidas están dentro de lo que se conoce como el Plan de Garantías Ciudadanas que dirige Inmaculada Herránz, miembro del Gobierno desde el pasado mes de agosto. Este plan cuenta con 120 millones en los presupuestos de 2017, pero que en el de 2018 tendrá un «aumento significativo».
La prevención, fundamental en la estrategia
Para acometer esta lucha contra la desigualdad y la exclusión social, el segundo eje de la estrategia será el de la prevención. Aurelia Sánchez ha querido destacar y poner «el énfasis» en estas medidas «preventivas», porque son las que pretenden «evitar que las familias lleguen a los indicadores de pobreza».
Eje tres, gobernanza y eficacia
El paquete de medidas se completa con el tercer eje, las relativas a la eficacia y la gobernanza en la ejecución de la Estrategia. Se persigue la mejora en la organización y la gestión de los servicios y prestaciones que se da a la ciudadanía.
Evaluación intermedia y final
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos, habrá un planificación y un seguimiento de la ejecución de dicho plan. Se evaluarán las acciones en un tramo medio de la estrategia y también cuando se finalice, que la desarrollará un Comité de Dirección formado por representantes de todas las consejerías y de la Dirección General de Coordinación y Planificación; además de un Comité de Coordinación, con representantes técnicos de las consejerías y departamentos implicados y la consulta continua en Mesa Sectorial de Bienestar Social, con interlocución con EAPN y con las personas afectadas.